La organización considera que, de aprobarse, existirían subsidios adicionales a los que ya concede España para el carbón. Esta denuncia se produce poco antes de que la Comisión debata sobre las prórrogas de ayudas a la actividad minera europea.
A principios de 2010, el gobierno español adoptó un Real Decreto que fijaba los precios y regulaba los suministros de diez centrales térmicas de carbón que utilizan carbón nacional. Esta normativa tendrá un coste estimado de unos 800 millones de euros en tres años, según el regulador energético español, y tiene el objetivo de reducir las reservas almacenadas de carbón, producidas por la menor demanda y el aumento de la participación de las renovables en la generación eléctrica. La entrada en vigor de este Real Decreto se ha pospuesto y está pendiente de aclaración por parte del comisario europeo de la competencia, el español Joaquín Almunia.
Respecto a este tema, Mar Asunción, Responsable del Programa de Cambio Climático de WWF en España ha declarado que "en tiempos de crisis, donde la apuesta por las energías renovables es la más sostenible, el gobierno español pone trabas a su desarrollo. Mientras, al mismo tiempo, apoya los subsidios al carbón, tanto dentro de nuestras fronteras como en Europa”.
Además, España es uno de los estados de la Unión Europea que presionan a la Comisión Europea para prolongar subvenciones para la explotación del carbón. La actual derogación de ocho años expira a finales de este año. Alemania y España cuentan con los subsidios más elevados, siendo 2.000 millones de euros y 1.000 millones, respectivamente. A finales de julio, la Comisión podría proponer una derogación para finalizar las ayudas al carbón.
“Cualquier subvención que aumente de forma artificial el uso de carbón es incomprensible. Pero las subvenciones dobles son totalmente absurdas. La Comisión Europea debe actuar con decisión para asegurar que España retira de forma progresiva sus ayudas al carbón. En este sentido, los proyectos españoles no deben convertirse en un precedente para otros estados miembro de la Unión”, ha dicho Mark Johnston, Consejero de Política de WWF en Bruselas.
España tampoco está en la senda de cumplir con sus objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero. Según el último inventario anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las emisiones del país fueron en 2008 un 40% (o 116 millones de toneladas de CO2 equivalentes) superiores al año base de Kioto, y un 22% (o 73 millones de toneladas de CO2 equivalentes) superiores al objetivo fijado para 2012.
