Además, la organización ecologista critica que el Proyecto contempla que el sistema eléctrico pueda suplir al mercado privado de las entidades de seguros, dada la negativa de éstas a cubrir los riesgos, aún de cuantía limitada, de las empresas propietarias de centrales nucleares en caso de accidente.
Greenpeace critica el trato de favor que el Gobierno pretende dar a la energía nuclear con este Proyecto de Ley y reclama que la Ley instaure un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares donde el explotador de las instalaciones asuma de forma ilimitada la cuantía de las reclamaciones y en el tiempo para reclamar daños.
Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de establecer las garantías necesarias y, si no pueden conseguirlas de las empresas de seguros, tendrán que asumirlo inmovilizando fondos propios por un valor igual o superior a la responsabilidad atribuida, tal como hacen, por ejemplo, las centrales nucleares alemanas.
Los elementos más criticables del Proyecto de Ley son:
– limitación a tan solo 1.200 millones de euros la responsabilidad máxima de un explotador de una instalación nuclear en caso de accidente
– limitación a 10 años para reclamación de daños al medio ambiente y a las cosas y de 30 para los daños a personas
– rebajar a 80 millones de euros la responsabilidad en caso de accidente nuclear en un transporte nuclear (por ejemplo, al cementerio nuclear centralizado, ATC, que promueve el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
– subsidiar a las compañías eléctricas a través del sistema eléctrico para proporcionarles la garantía financiera que no les prestan las compañías de seguros.
"El Proyecto del Gobierno no tiene como objetivo proteger a las víctimas sino proteger a las empresas eléctricas, limitando las indemnizaciones a las que éstas tendrían que hacer frente en caso de accidente nuclear", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Al respecto, en su Exposición de Motivos, dice literalmente: "Sin embargo, durante la tramitación de la presente Ley se ha constatado la dificultad de que el mercado de entidades de seguros que opera en el territorio nacional cubra la totalidad de la garantía requerida, así como ofrecer a los explotadores, en el momento presente, aseguramiento para algunos de los daños contemplados dentro de la definición de daño nuclear, en particular de los medioambientales y de los personales que se reclamen después de transcurridos 10 años después de la fecha del accidente".
Métodos de aseguramiento alternativos
Ante esa situación, el Gobierno pretende ofrecer a las compañías nucleares "métodos de aseguramiento alternativos al mercado de entidades de seguros" y establece en el Proyecto la posibilidad de utilización de un mecanismo en el sistema eléctrico para subsidiar de forma encubierta la ausencia de interés del mercado de seguros en realizar pólizas al sector nuclear para cubrir su obligación legal de hacer frente a los daños nucleares.
Así en el Artículo 12.3) dice: "el sistema eléctrico podrá garantizar a los explotadores [de las instalaciones nucleares] garantía de los riesgos por daños nucleares no asegurables por las entidades de seguros. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el desarrollo de las disposiciones necesarias para el establecimiento de dicha garantía, así como la determinación de las primas que los explotadores deberán abonar por la prestación de la misma".
Por ello, Greenpeace considera que se pretende el traslado a los consumidores de los costes que la industria atómica no quiere asumir, en una nueva demostración de que la energía nuclear no puede subsistir sin recibir continuos y generosos subsidios estatales.
Elevadísimo coste económico
Dado, como demostró la catástrofe de Chernóbil, el elevadísimo coste económico (sin olvidar nunca además el coste social, de salud pública y medioambiental) que puede llegar a tener un accidente nuclear, Greenpeace exige al Gobierno que retire este Proyecto de Ley y opte por establecer un régimen que establezca la responsabilidad ilimitada por los daños causados por accidentes nucleares, como el que ya se encuentra en vigor en Alemania y en otros países.
Resulta incongruente que en la Ley de Responsabilidad Medioambiental aprobada en la legislatura pasada (pero que excluye las actividades nucleares) se consagre la responsabilidad ilimitada de las empresas por los daños medioambientales y en este Proyecto de Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares se haga lo contrario, manteniendo una descarada e injustificable protección de los intereses de las empresas propietarias de centrales nucleares.
En opinión de Greenpeace es urgente establecer un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares ilimitada, especialmente dado el preocupante estado de seguridad del parque nuclear español, que ha provocado en los últimos años un elevado número de sucesos de seguridad (el último, la prealerta de emergencia en la central nuclear de Cofrentes el pasado jueves).
