En este sentido, los firmantes han acordado las reformas necesarias para contribuir a asegurar la viabilidad del sistema de protección social español y mejorar la eficiencia de las políticas de empleo.
Las partes han determinado que para superar el principal reto al que se enfrenta la economía española, que es la creación de empleo, hay que avanzar simultáneamente en varios frentes como son: equilibrar las cuentas públicas; garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones; y fomentar el dinamismo y competitividad de nuestra economía para que sea capaz de generar empleo de calidad. Por eso, en el texto plasmado recoge un acuedo entorno a la política energética.
Puntos importantes
A raíz de lo firmado, la edad legal de jubilación se sitúa, con carácter general, entre los 63 y los 67 años. Podrán jubilarse a los 65 años los trabajadores que hayan cotizado 38 años y seis meses. El resto se jubilará a los 67 años. El paso de 65 a 67 años se aplicará progresivamente entre los años 2013 y 2027.
Respecto a las políticas activas de empleo, la finalidad que persigue el acuerdo es preparar a las personas para mejorar su empleabilidad, dar mejor respuesta a las necesidades de personal de las empresas y situar a los servicios de empleo como instrumentos de gestión del capital humano. Para ello se contemplan medidas de carácter estructural, a medio y largo plazo, que implican la modificación de la Ley de Empleo, y medidas de carácter coyuntural, que se pondrán en marcha en 2001 con un plan de choque dirigido, especialmente, a jóvenes y parados de larga duración.
El acuerdo reconoce el papel central que debe jugar el sector industrial como motor de la recuperación y creador de riqueza y de empleo de calidad. Y, así, reconoce el protagonismo de una política industrial moderna y competitiva, orientada a las teccnologías, la innovación y la cualificación del trabajador con el fin de mejorar su competitividad.
La política energética y de innovación también han sido contempladas por los firmantes. Respecto a la primera, reconocen que debe superar la excesiva dependencia de los combustibles sólidos y combinar las fuentes de energía sostenible con el papel relevante de las energías renovables. Además, consideran que la estrategia energética debe alcanzar un coste razonable.
La política energética, un eje principal
La energía constituye uno de los ejes principales de la actividad económica y, como tal, un motor para el desarrollo y progreso de cualquier país. Uno de los grandes retos de los Gobiernos del siglo XXI es el de garantizar a sus ciudadanos y empresas un sistema de abastecimiento energético basado en tres objetivos: la seguridad de suministro y la reducción de la dependencia energética, la competitividad económica y la sostenibilidad medioambiental.
En los últimos años el sector energético ha experimentado profundas transformaciones como consecuencia de la creciente participación de las economías emergentes en la demanda energética, del importante desarrollo tecnológico y de los compromisos internacionales en materia de reducción de las emisiones contaminantes de los modelos de generación de energía. A ello hay que añadir, en el caso español, debilidades como la elevada dependencia exterior o el relativo aislamiento de nuestra red básica de energía del resto del continente europeo.
Todos estos cambios, junto a los rasgos propios del sector energético español, refuerzan la dimensión estratégica de este sector y exigen la adopción de un conjunto de medidas de carácter estructural que contribuyan a la sostenibilidad económica y medioambiental a medio y largo plazo, garantizando la estabilidad frente a los cambios de ciclo económicos y políticos.
Paralelamente, el actual contexto económico ha condicionado la evolución de la demanda energética nacional e internacional poniendo de manifiesto la necesidad de medidas de naturaleza coyuntural. La consolidación de un modelo energético sostenible, estable y eficiente, que refuerce la confianza de empresas y de consumidores, exige el impulso de las siguientes actuaciones:
• Mantener una oferta diversificada de fuentes de energía que esté en línea con el mix energético de referencia a 2020 de la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años. El Grupo de Trabajo de la Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado formulará propuestas del mix en el horizonte 2035. También se abordará la gestión de los residuos nucleares. El mix de referencia tendrá en cuenta el objetivo de convergencia con los valores medios de la UE de la intensidad energética y la reducción de la dependencia en este ámbito.
• Reforzar el liderazgo tecnológico de España en el ámbito de las energías renovables, que contribuyen a reducir las emisiones y a aliviar nuestra dependencia energética exterior. Para ello se acuerda la elaboración de un nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 en el que se recogerá una senda indicativa de la instalación de esta modalidad de energía que permita alcanzar el mix energético de referencia a 2020.
• Impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética a través del desarrollo de un mercado de servicios energéticos, incluyendo medidas de apoyo a la financiación de las empresas de servicios energéticos. En particular, se contemplan actuaciones como el desarrollo y ejecución del Plan 2000 ESE y, con la participación de los agentes sociales, la elaboración de una futura ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, así como la aprobación de un nuevo Plan de Acción 2012-2020 de Ahorro y Eficiencia Energética.
• Apoyar una mejor gestión de la demanda energética. En este ámbito se plantean como actuaciones concretas el fomento de las redes inteligentes, la telegestión y la telemedida con el objetivo de facilitar a los consumidores señales de precio en tiempo real para que puedan reducir el coste energético a la vez que se optimiza el uso de las redes. Más concretamente, se incentivarán los consumos en periodos de menor coste para el sistema (p.ej. tarifas super-valle).
• Fomentar la eficiencia y sostenibilidad en el sector del transporte, por su importancia en cuanto al consumo energético y a las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la sustitución gradual de combustibles fósiles.
• Apoyar e intensificar la investigación y desarrollo de las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.
