El Gobierno de Aragón ya trasladó esta cuestión competencial a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Medio ambiente y Medio rural y marino durante la tramitación del proyecto de ley y en reuniones sectoriales.
El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha explicado en qué se basa la presentación de este recurso de inconstitucionalidad a la ley estatal: ‘‘Entendemos que esta Ley vulnera competencias autonómicas en materia de energía y minas y en materia de medio ambiente; se le hurta a la comunidad autónoma la capacidad de decisión en estas materias, y, sin embargo, se le atribuyen las funciones de inspección y supervisión, es decir, las tareas que implican gasto y responsabilidad’’.
En concreto, la Ley reserva para el estado, de forma injustificada, el otorgamiento de las concesiones de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, y les atribuye a las comunidades autónomas el otorgamiento de los permisos de investigación, la función de inspección, la aprobación del plan de seguimiento y el plan provisional de gestión posterior al cierre, así como la responsabilidad del seguimiento y de las medidas correctoras una vez cerrado un lugar de almacenamiento y hasta la transferencia de responsabilidad.
El vicepresidente ha añadido que se trata de un tema “importante para Aragón dadas las características geológicas del Valle del Ebro y la cercanía de centrales térmicas’’.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado a los servicios jurídicos a que estudien la posibilidad de presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 14, de 23 de diciembre de 2010, de medidas urgentes para la corrección del régimen tarifario del sector eléctrico, en el que se modifican las condiciones y retribuciones para las instalaciones fotovoltaicas.
