El plazo dado por la UE para adaptarse a la directiva de Control de Contaminación concluyó ayer
León es una de las provincias más retrasadas en la gestión de las licencias
Ecologistas en Acción denuncia que alrededor de cincuenta empresas de la provincia, de las 55 que debían haber adaptado su comportamiento ambiental, no han gestionado a tiempo la autorización para adaptarse a la Directiva Euroopea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Una directiva que se aprobó hace doce años, y cuyo plazo de adaptación concluyó ayer en España, después de un último aplazamiento el pasado mes de octubre.
La organización ecologista considera que esta prórroga intentó evitar un "colapso de la actividad empresarial" que se produciría igualmente en este momento si se aplicase estrictamente la legislación. De las 750 empresas afectadas en la autonomía hay 500 que carecen de autorización ambiental y sólo 50 tienen autorización de inicio de actividad; lo que de aplicar la norma "supondría la pérdida automática de decenas de miles de empleos y una caída de cerca del 10 por ciento en el Producto Interior Bruto autonómico".
Multas millonarias
Además, las empresas se enfrententan a multas de hasta dos millones de euros por el incumplimiento de una normativa que establece la necesidad de implantar la autorización ambiental integrada, un permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea.
La directiva pretendía mejorar sustancialmente el comportamiento ambiental de la industria, a través de la prevención de la contaminacion en su origen. Establece la necesidad de implantar mejoras técnicas y establecer valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos. Límites "coherentes con la actividad y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente". Además, la norma tenía la intención de unificar la normativa de forma que un único permiso unificara las múltiples autorizaciones existentes en cada estado. En Castilla y León hay además otra autorización denominada de inicio de actividad, que pretende comprobar el cumplimiento de las condiciones del primero y que faculta para funcionar.
"A pesar de los doce años transcurridos desde la aprobación de la directiva europea, dos tercios de las empresas autonómicas sometidas a esta legislación no han obtenido en plazo la autorización ambiental, y más del 90 por ciento no cuentan con autorización de inicio de actividad. En consecuencia, a partir de hoy deberían cesar completamente en su actividad", explica la asociación ecologista.
Empresas afectadas
Entre las empresas afectadas por esta norma están en la provincia Antibióticos, BA Vidrio, Miguélez, Roldán, Kraft y las centrales térmicas de Anllares, Compostilla y La Robla. Aunque el proceso y la dejación afecta a prácticamente todo el sector industrial que produce contaminación, "salvo honrosas excepciones".
Los ecologistas denuncian que Burgos y Salamanca tienen el proceso de gestión de permisos más avanzado, mientras que León es, con Valladolid y Zamora, la provincia más retrasada.
En cuanto a los sectores industriales afectados, el más atrasado es el termoeléctrico, "que aún no cuenta ni con una autorización". El sector metalúrgico, el químico y el de disolventes están en un 40 por ciento.
En el caso de los vertederos han obtenido autorización ambiental los provinciales de residuos urbanos de León y Salamanca, entre otros.
Ecologistas en Acción denuncia la "incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada", y exige a la Junta que supere el colapso y sea más rigurosa.
