Los agricultores ecológicos temen el desarrollo de una variedad que se triplicó el año pasado para combatir las plagas de taladro
Los agricultores de las comarcas de Las Vegas Altas y del Alagón vivían amenazados por el taladro, un insecto capaz de esquilmar parte de sus cosechas de maíz. Pero hace ahora once años llegó un aliado a lo campos: el maíz Bt 176, resistente a los ataques de este lepidóptero. La nueva semilla se había creado a partir de una modificación genética con tres genes que producían una toxina que aniquilaba al taladro. Se inauguraba así la era de la agricultura transgénica en la región.
Una década después, Extremadura cuenta con 6.460 hectáreas cultivadas con esta semilla gracias a que la superficie se ha multiplicado por tres en el último año por la fuerte plaga de taladro que se dio en el año 2006. Antes de la plaga se contabilizaban 2.071 hectáreas, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Rural.
Pero el éxito del Bt topa de frente con los productores ecológicos. De hecho la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (Seae) y algunas organizaciones agrarias piden que se controle el desarrollo de los transgénicos.
Juana Labrador, presidenta de la Seae y profesora en la Universidad de Extremadura, sale en defensa de las 70.000 hectáreas de agricultura ecológica que se cultivan actualmente en Extremadura. En su opinión se trata de modelos «absolutamente incompatibles». Y recuerda los «numerosos casos» de contaminación de maíz ecológico con pólenes de variedades genéticamene modificadas que se han dado en Aragón.
Lamenta que en la actualidad España no cuente con una normativa que regule la cohabitación entre ecológicos y transgénicos. Sí que existe una directriz de la Comisión Europea para la «elaboración de estrategias y mejores prácticas con el fin de garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y ecológica», que debe servir de marco para una regulación, según explica Labrador.
Zonas libres
A pesar de estas futuras legislaciones, desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica abogan por la creación de Zonas Libres de Transgénicos para evitar la contaminación. Se trataría de espacios naturales protegidos. «Si no se toman pronto decisiones en esta dirección puede ya ser demasiado tarde para muchos agricultores que quieran sembrar maíz ecológico».
En el otro extremo se encuentra Carlos Vicente, director de Biotecnología de Monsanto, una de las principales compañías que comercializan semillas modificadas genéticamente. Vicente cree que no se da ningún tipo de conflicto y que la coexistencia es posible «porque lleva diez años produciéndose».
La Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (Acorex) cultiva en torno a 13.000 hectáreas de maíz cada año, un 9 ya es de la modalidad Bt. Ángel González, uno de los técnicos de la agrupación, concibe las nuevas modalidades como un «desarrollo tecnológico» que alivia a los agricultores de «plagas endémicas», por lo que entiende la tendencia al alza en su uso y augura que se mantendrá así en el futuro. Intenta explicar sus aplicaciones con un ejemplo: «Imagínese el beneficio que puede encontrar una zona con escasez de agua si se desarrolla una variedad de maíz que crece en tierra desértica».
Las plagas de taladro
A pesar del futuro prometedor que se espera en Extremadura, desde Monsanto aseguran que el uso de este tipo de semillas en la región dista muy lejos del que se da en otras zonas de España, como Cataluña o Aragón, donde las plagas de taladro son más agresivas. De hecho estas dos comunidades suman más del 75 de la superficie que se cultiva en España.
Los responsables de Monsanto cree que las nuevas variedades constituyen un «poderoso aliado que facilita el trabajo a los agricultores y les ayuda a incrementar sus ingresos». Hay que tener en cuenta que la mayor parte del maíz se destina a la elaboración de piensos animales y España es deficitaria en materias primas para alimento animal.
Carlos Vicente también quiere llamar la atención sobre el éxito que tienen las semillas en los agricultores españoles. En la actualidad se estima que en España se plantan 352.000 hectáreas de maíz, 75.148 son de variedades transgénicas, el 20 por ciento del total, según los datos del Ministerio de Medio Rural. «Después de diez años hemos demostrado la eficacia de las nuevas variedades».
De hecho, la empresa cuenta con estudios que establecen que una hectárea con Bt puede tener un rendimiento superior al 13 que con una semilla tradicional. Cree que los problemas de contaminación de los que habla Juana Labrador son mínimos porque el maíz ecológico apenas tiene incidencia en España, «ni siquiera hay una estadística oficial que lo recoja». Además recuerda que la legislación obliga a rodear perimetralmente el maíz transgénico con variedades tradicionales.
Estados Unidos
Sin embargo, Labrador también pone en duda los supuestos beneficios a los agricultores y cita un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos donde se extrae que las variedades modificadas genéticamente tienen «un rendimiento en producción equivalente a las variedades tradicionales». En su opinión, los «grandes intereses económicos» han conseguido vender los transgénicos como una herramienta que ayuda a producir más y a luchar contra las plagas, cuando «después de once años se ha demostrado que no es así».
La contundencia de Juana Labrador choca con la prudencia de Ángel González, de Acorex. González cree que realmente el maíz Bt tienen un comportamiento más eficaz en producción que el tradicional en zonas donde suele aparecer el taladro.
Malas hierbas
Otra de las reticencias de la profesora de la UEx se basa en que en muchos casos empieza a preocupar la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas en zonas donde se plantan cultivos transgénicos. Para reforzar su argumento asegura que la propia Comisión Europea cree que «el proceso de creación de organismos modificados genéticamente está rodeado de incertidumbres». También habla de avance tecnológico, pero con una técnica que contiene «un elevado nivel de imprecisión».
Las dudas que rodean a estas variedades han propiciado que el gobierno francés, basándose en informes científicos, ponga en duda la inocuidad de la variedad de maíz MON810 que fabrica Monsanto y haya suspendido de forma oficial el cultivo de esta variedad. La decisión del Francia se basa en que la toxina que libera el MON810 ha aparecido en la cadena trófica y faltan estudios que determinen los efectos de esa toxicidad a largo plazo en el ser humano y el medio ambiente.
La responsable de Seae denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente haya autorizado ensayos en Extremadura y otras comunidades con híbridos de la variedad que se ha puesto en cuarentena en Francia. «Esto demuestra que los transgénicos suponen un riesgo», advierte la profesora de la Universidad de Extremadura.
En Monsanto aseguran que de momento Francia «debe presentar a la Comisión Europea estudios fiables que justifiquen tal decisión, ya que actualmente este tipo de maíz se comercializa en ocho países de la UE desde el año 2003.
Labrador también critica la flexibilidad de la administración española en este asunto. España es un país deficitario en grano, por lo que tiene que realizar grandes importaciones de maíz para asegurar el consumo animal. «Por eso autoriza tanto las importaciones como la comercialización de variedades genéticamente modificadas».
A sus tierras
Esta tendencia del mercado ha provocado la expansión de las variedades genéticamente modificadas en los últimos años y ha hecho que muchos agricultores se decidan a llevarlos a sus tierras. Desde las organizaciones de agricultores ya advierten que el agricultor no es precisamente el gran beneficiado de este tipo de cultivos. José Cruz, de UPA, cree que Extremadura tampoco ha sufrido una gran incidencia por culpa del taladro.
Cree que el desarrollo de estas variedades se debe a que en su día se vendieron como semillas que mejoraban la rentabilidad del cultivo tradicional, sin embargo, con el paso de los años, «no se ha demostrado». Incluso apunta a que algunos estudios de UPA muestran que el rendimiento es menor.
El volumen de herbicidas que tienen que aplicarse también supone otro inconveniente, según José Cruz. Además, el responsable de UPA cree que la verdadera raíz del debate se encuentra en la lucha de las multinacionales por copar el mercado internacional de semillas a través de sus patentes.
