La sentencia condena a cada uno de los dos gestores y cazadores del área de caza de Segura (Lérida) por un delito contra la fauna (art. 336 del Código Penal), a la pena de seis meses de prisión, la inhabilitación para cazar durante un año y un mes, y les impone las costas del proceso.
Además, los condenados deberán indemnizar a la propietaria de dos perros afectados por el veneno con 2.080 euros, y a la Generalitat de Cataluña con 1.890 euros por los gastos periciales y analíticas toxicológicas derivadas de la investigación del delito.
Art. 336 del Código Penal
Desde el proyecto Life+ VENENO, coordinado por SEO/BirdLife, se reconoce la actuación de la brigada contra el furtivismo y el veneno en Cataluña, del Cuerpo de Agentes Rurales que ha sido, una vez más, determinante para resolver el caso. El Cuerpo de Agentes Rurales está participando en la especialización de agentes forestales en varias comunidades autónomas, en el marco del proyecto Life+ VENENO, que dio comienzo la semana pasada en Aragón.
Los hechos sucedieron el 30 de marzo de 2007, cuando miembros del grupo especial de lucha contra el veneno sorprendieron in fraganti a dos personas que habían esparcido cebos envenenados en el área de caza de Segura, en el término municipal de Rociana del Condado (Conca de Barbera). Con estos cebos pretendían matar a los depredadores (zorros, cuervos) de las especies cinegéticas (conejos, perdices, liebres). Los agentes, tras varias jornadas de investigación y vigilancia, intervinieron en el momento de la colocación de los cebos envenenados y de esta manera se evitó que también hubieran podido verse afectadas otras especies de fauna que se encuentran en la zona, algunas de ellas protegidas.
El uso de cebos envenenados es un método masivo, no selectivo y cruento de eliminar depredadores, que está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal (Art. 336). El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para nuestras mascotas.
