Si la nueva normativa no sale adelante antes de las elecciones del 20 de noviembre, la incertidumbre regulatoria podría alargarse al menos otro año más, con la consiguiente destrucción de riqueza y empleo y el riesgo de que no se cumplan los objetivos del Plan de Energías Renovables 2011-20.
AEE insiste desde hace más de dos años en la necesidad de desarrollar el nuevo marco dado el largo periodo de maduración de los proyectos eólicos y la necesidad del sector de planificar con antelación. Ahora, AEE pide al Gobierno un ejercicio de responsabilidad para evitar una parálisis aún mayor de un sector que da empleo a más de 30.000 personas, supone un 0,34% del PIB, exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros y ahorra importaciones de combustibles fósiles por 1.500 millones de euros al año. El sector eólico ha perdido ya diez mil puestos de trabajo en los dos últimos años.
Dado que los promotores no conocen ni la retribución que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, ni si existirán cupos, ni otros detalles regulatorios fundamentales, no realizan pedidos de aerogeneradores, lo que paraliza la actividad de los fabricantes. De hecho, en 2010 sólo se hicieron pedidos para instalar 220 MW, lo que contrasta con una media de entre 1.500 y 2.000 MW en años anteriores. Los pedidos de aerogeneradores en fábrica se realizan entre 1,5 y dos años antes de comenzar la construcción de un parque.
Si los grandes fabricantes de aerogeneradores se ven abocados a deslocalizaciones y despidos por la falta de actividad, lo mismo ocurrirá con los demás fabricantes de componentes, los promotores y las empresas que dan servicio al sector.
Además, AEE pide que se habiliten prórrogas que permitan realizar los 1.400 MW inscritos en el Registro de Preasignación que tienen problemas para ser construidos antes de la fecha límite de inscripción (el 31 de diciembre de 2012) por razones no imputables a los promotores, como son el incumplimiento de la planificación de la red de transporte, el retraso en líneas de distribución o dificultades administrativas. Estos 1.400 MW suponen cerca del 60% de la potencia inscrita y por instalar en las fases de 2011 y 2012, las últimas previstas por la actual regulación.
