El proyecto de Real Decreto, que impulsa el MARM, persigue dos grandes objetivos: por un lado, desarrollar en el ámbito interno la normativa comunitaria de lucha contra la tala ilegal de madera y su comercio asociado; por otro, promover desde las Administraciones Públicas los productos forestales con garantías de legalidad de su origen.
La normativa comunitaria de lucha contra la tala ilegal de madera (Reglamento UE 995/2010 de la madera o de la diligencia debida), y la que promueve la mejora de la gobernanza forestal en los países en desarrollo exportadores de madera (Reglamento CE 2173/2003 FLEGT: Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestal) obligan a los Estados miembros de la UE a designar Autoridades competentes en cada Estado Miembro, responsables de la aplicación, seguimiento y evaluación de ambas normas en cada uno de los estados.
El proyecto de Real Decreto determina cuáles son las autoridades competentes españolas en esta materia y determina sus funciones. Por otro lado, y en sintonía con lo que determina esta normativa europea, prohíbe, con carácter general, la comercialización en España de madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera.
Asimismo, obliga a los agentes que comercializan madera en el mercado interior (importada o producida en nuestro país) a desarrollar y poner en práctica un sistema de diligencia debida que permita acreditar la legalidad de la madera comercializada. Esta diligencia debida la podrá ejercer el agente de manera individual o a través de las denominadas entidades de supervisión.
En otro ámbito, el proyecto de Real Decreto pretende también impulsar la certificación forestal de los bosques españoles, contribuyendo de esta forma a la gestión forestal sostenible de nuestras masas forestales.
Para ello, se dará desarrollo a los artículos 35 y 35.bis de la vigente Ley de Montes asegurando, por un lado, que el proceso de certificación forestal resulte voluntario, transparente y no discriminatorio y, por otro, velando por que los sistemas de certificación actualmente vigentes en España contengan requisitos de criterios ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación internacional.
Asimismo, esta norma pretende que en los procedimientos de contratación pública las Administraciones Públicas eviten la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales, favoreciendo al mismo tiempo la adquisición de productos forestales procedentes de bosques certificados.
El proyecto de Real Decreto está disponible para consulta y participación en la web del Ministerio hasta el 19 de septiembre de 2011.
