Esta política es gestionada en común por la Comisión y por los Estados miembros.
La auditoría de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) tenía como propósito determinar si esta medida de desarrollo rural había sido concebida y gestionada correctamente dando respuesta a las siguientes preguntas: ¿Ayudan la concepción y la supervisión de la política agroambiental a obtener beneficios medioambientales tangibles? ¿Se presta el apoyo oportuno a los agricultores con orientaciones y ayudas con la cuantía correcta? ¿Se tienen en cuenta las necesidades medioambientales específicas en la gestión de la política agroambiental?
La auditoría llegó a la conclusión de que se ha avanzado significativamente en los veinte años transcurridos desde la introducción de esta política. Muchos agricultores aplican ahora prácticas que son más sostenibles de lo que hubieran sido sin ella y la auditoría del TCE ha puesto de manifiesto una serie de ejemplos de buenas prácticas en distintas zonas. Las constataciones fueron las siguientes:
- los objetivos estaban descritos por lo general con demasiada vaguedad para ayudar a determinar su grado de consecución y la política no estaba concebida ni supervisada para aportar beneficios medioambientales tangibles;
- los sistemas de orientación de los agricultores están en general bien implantados, aunque se han observado problemas muy importantes en lo que respecta a la cuantía de las ayudas, que van desde fallos en su cálculo hasta una falta de diferenciación según las circunstancias regionales o locales;
- los Estados miembros, pese a su obligación de facilitar los fondos de acuerdo con necesidades específicas, no habían tomado en consideración el grado deseable de adaptación a sus necesidades con arreglo a un análisis de los costes y beneficios previstos.
El TCE formula una serie de recomendaciones en su informe especial para mejorar la aplicación de la política medioambiental. La Comisión debería orientar con mayor precisión el gasto a necesidades específicas en materia de medio ambiente para el próximo período de programación, mientras que los Estados miembros deberían recopilar y comunicar datos pertinentes y fiables sobre beneficios medioambientales y hacer uso de ellos con fines de control. El Tribunal considera que los agricultores recibían en general el apoyo oportuno en forma de orientación adecuada, pero recomienda mejorar la difusión de buenas prácticas.
