Ante todo, la FER, organización que agrupa a más del 80% de las plantas de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos para su reciclaje, así como a gran parte del resto de agentes gestores autorizados involucrados en la cadena de reciclaje de dichos residuos, quiere felicitar a la OCU por su labor investigadora y por haber hecho público un problema que esta federación lleva denunciando desde hace años. Desde el sector del reciclaje se han venido proponiendo, de forma constante, multitud de soluciones para poder mejorar aún más la trazabilidad de este tipo de residuos ya que, efectivamente, en ocasiones no llegan a las plantas de tratamiento autorizadas por una actuación permisiva tanto de las administraciones autonómicas y locales como de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) creados por los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos.
Resulta fundamental, como se ha reclamado repetidamente, que se adopten medidas para combatir las irregularidades tanto en los puntos limpios como en otros canales de recogida. Es crucial que se combata de forma tajante el intrusismo y se clausuren por parte de las administraciones las plantas ilegales que proliferan en toda España. En esta línea son múltiples las denuncias cursadas por esta Federación en los últimos años contra estos “operadores ilegales”.
Desgraciadamente hasta el momento, y si bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han llevado a cabo su labor inspectora, no se han tramitado y ejecutado las correspondientes sanciones por parte de las autoridades ambientales competentes, labor ésta delegada a las Comunidades Autónomas.
No obstante, el hecho de que existan “flujos paralelos” de estos residuos, no determina automáticamente su ilegalidad ni que el tratamiento sea incorrecto en todos los casos. Existen, desde hace muchos años, flujos de RAEES que se tratan adecuadamente sin la colaboración y el control de los Sistemas Integrados de Gestión puestos en funcionamiento por los fabricantes, mediante gestores legales a lo largo de la cadena. Al no estar controlados estos flujos por los SIG, los mismos no disponen de esos datos, si bien toda la información es remitida y controlada por la administración autonómica correspondiente.
Para asegurar la correcta gestión de todos los equipos, en cumplimiento de los objetivos marcados por la norma, los productores recaudan al consumidor una cantidad económica por cada aparato que ponen en el mercado. Este dinero sirve para financiar en parte los sistemas de recogida y reciclaje. No obstante sería necesario que los productores aportasen en su totalidad, y no sólo parcialmente, el dinero que recaudan y han recaudado a los consumidores durante los últimos 6 años, puesto que así lo exige la Ley. Además estos fondos permitirían al Sistema llevar a cabo un mayor control, apoyar más a los recicladores y acometer proyectos adecuados para mejorar la gestión.
