Las posibilidades con qué se trabaja de entrada son; fijar algún tipo de impuesto que grave el consumo, como ha hecho Irlanda; devolver al consumidor el coste de la bolsa de plástico que devuelva, como es el caso de los supermercados del grupo catalán Buen Precio; prohibir la distribución gratuita y, por lo tanto, hacer pagar al consumidor el coste de la bolsa de plástico que use (medida anunciada por Londres), y prohibir totalmente la distribución de bolsas de plástico a todos los comercios (el caso de China). Cualquiera de las cuatro alternativas requiere una regulación mediante ley, que ARC impulsa a partir de su competencia en materia de prevención.
La solicitud de este informe se hace de manera paralela a las negociaciones en curso entre la Agencia y la distribución alimentaria estatal, para llegar a un acuerdo de reducción del consumo de bolsas. Así, la ARC sigue apostando por un convenio de alcance estatal en este sentido, si bien empieza a valorar las posibilidades de una regulación legal por lograr los objetivos de su Programa de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2007-2012: la reducción del consumo de bolsas en un 30 por ciento para el 2009 y en un 50 por ciento para el 2012.
Según un estudio encargado por la Agencia de Residuos de Cataluña al final de 2006, la estimación de consumo en Cataluña es de 10 millones de bolsas semanales. Entre sus impactos destaca el consumo de recursos y de energía, y las emisiones de gases con efecto invernadero.
