Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) al considerar que las obras de la nueva carretera CA-170, correspondientes al tramo entre Los Corrales de Buelna y San Felices, carecen de Estudio de Impacto Ambiental actualizado a fecha de su realización, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto las diligencias oportunas.
Según informó la asociación en un comunicado, existe un estudio informativo de febrero de 2002 que "rechaza el actual trazado por ser la peor de las alternativas presentadas para la ejecución de la obra". Sobre la misma se dice textualmente, tal y como recordó Ecologistas en Acción, que "el perfil longitudinal presenta pendientes del 11 por ciento que se consideran inadmisibles con la categoría de la carretera en estudio".
Además, el estudio reconoce "en todo momento" la "gran cantidad e importancia" de la vegetación y la red fluvial existente en las inmediaciones.
"En este caso nos estamos refiriendo a un espacio que está surcado por varios arroyos con gran cantidad y variedad de vegetación de ribera, así como surgencias y fuentes que emanan del monte Dobra, que desembocaban en un canal y en el arroyo Barcenal", manifestaron desde la asociación.
La ejecución de las obras de este nuevo tramo, agregaron, son "de envergadura", con la construcción de un puente cuya longitud es aproximadamente 75 metros de largo sobre el río Besaya a lo que se suma los movimientos de tierra que conllevan estos trabajos.
Ante esto, la asociación ecologista defiende que el Estudio de Impacto Ambiental es una "herramienta de vital importancia" para los agentes sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a participar en las transformaciones que se van a realizar en su entorno.
A su juicio, el Gobierno Regional y la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo podrían llegar a eludir "a través de algún entresijo legal "la obligación que tienen de "ofrecer al ciudadano la oportunidad de expresarse". "Puede que todo quede en un ir y venir de papeles a los juzgados o bien emitan sentencias tardías que cuando llegan nada sentencian ya", apostillaron.
"Entre tanta palabra y tanto bordear la legalidad para apurar el tiempo y hacer las obras de manera sibilina, se está negando a la ciudadanía información sobre la modificación y la afección que pueden provocar una obras de tales características en su entorno más inmediato", denunciaron.
