El Gobierno de Castilla y León se reunirá en los próximos días con la Presidencia Polaca de la Unión Europea para replantear un futuro del carbón que permita la supervivencia de las minas más allá de 2018, de acuerdo con una solicitud que se ha remitido por escrito para ser recibido junto con Asturias y Aragón.
La Presidencia Polaca se ha manifestado abiertamente a favor de revisar la decisión de la Unión Europea que pone fin a las ayudas más allá del 2018, en clara sintonía con las pretensiones de los territorios mineros de España.
La falta de interés manifiesta del Gobierno español sobre el sector ha propiciado que las tres comunidades autónomas tomen la iniciativa y diseñen su propia estrategia. Esta es la continuación de una serie de actuaciones consensuadas, que comenzaron con la impugnación conjunta del nuevo reglamento de ayudas al cierre y cuyo objetivo es garantizar la supervivencia de un sector minero con garantías de futuro.
Se planteará también la recuperación del concepto de reserva estratégica, que permitiría garantizar la seguridad de suministro ante situaciones de crisis como las que hemos vivido recientemente.
Será decisivo el apoyo de los demás países productores de carbón, especialmente de Alemania, con la que también se han iniciado contactos.
Plan de cierre
El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha reclamado a través de una carta dirigida al Secretario de Estado de la Energía, Fabrizio Hernández Pampaloni, que mantenga informado al Gobierno de Castilla y León de todas las actuaciones (acuerdos, decisiones, planes…) que se adopten desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que afecten al sector de la minería de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, ha manifestado el malestar del Gobierno Regional en relación con la elaboración y envío por el Instituto para la Reestructuración del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del "Plan de cierre de las unidades de producción españolas de carbón".
En la carta, Villanueva ha advertido al Ministerio de la posible impugnación y suspensión cautelar del citado Plan al considerar que puede suponer una violación competencial ya que no ha sido tramitado en coordinación con las comunidades autónomas afectadas.
El acuerdo para la redacción y el envío del Plan de Cierre, como acto administrativo, debería haber sido adoptado y remitido a la Comisión Europea en coordinación con la Comunidad Autónoma afectada, existiendo diferentes mecanismos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que hubieran podido utilizarse para tal fin.
2.900 trabajadores
Castilla y León podría solicitar la suspensión cautelar del documento en tanto la Comunidad Autónoma no se pronuncie al respecto, para lo que valorará tanto la dimensión como las características de un sector minero que está atravesando una dura reconversión.
El Plan de Cierre afecta, por su trascendencia, no sólo a la planificación y objetivos marcados por la política económica general del Estado, sino a la competencia ejecutiva que se deriva del Art. 76.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, sin perjuicio de otras competencias autonómicas. En Castilla y León, el carbón genera empleo para un total de 2.900 trabajadores de forma directa.
