Soriano ha detallado los argumentos por los que se rechaza el plan y en primer lugar, se reduce en un 52% las asignaciones de agua para el regadío, respecto a la dotación actual que “ya es bastante ajustada”. Como ejemplo, la consejera de Agricultura ha resaltado que en la zona del Alto Guadiana que tiene una asignación de 200 hm3, con la reforma se quedaría en 130 hm3, o el agua asignada para el regadío en la zona de Lillo – Quintanar, se reduciría en un 91%, por lo que “prácticamente desaparecería”.
Por otro lado, los recursos disponibles de agua actuales no se corresponden con la realidad, “hemos tenido unos años de pluviometría muy favorable que no se incluyen en este documento”. En concreto, ha asegurado, “en la zona del Alto Guadiana donde tenemos unos acuíferos sobreexplotados, el déficit es de 3.000 hm3, lo que figura en este documento, cuando la situación actual es muy diferente, ya que en estos últimos años se han recuperado 2.000 hm3; por lo que el déficit es de tan solo 1.000 hm3”.
Además, este plan no se corresponde con los usos agrarios que existen en esta demarcación, es decir, “las necesidades para la Agricultura están realizadas a la baja y no se corresponden a la realidad, por ejemplo el plan no contempla 65.000 hectáreas en la zona del Alto Guadiana de cultivos leñosos, por lo tanto no corresponde tampoco a la situación actual”.
Un plan que tampoco contempla la posibilidad de que haya una gestión de agua participativa entre las comunidades de usuarios, “lo que es necesario para una buena gestión del agua”, tampoco contempla la posibilidad del intercambio de concesiones de agua entre los particulares, ni la posibilidad de aportar recursos hídricos externos para poder corregir los déficit que puede tener el sistema en un momento dado.
Además esta reforma pretende declarar nuevos acuíferos sobreexplotados “cuando la experiencia nos dice que el declarar un acuífero sobreexplotado por sí mismo no mejora ni resuelve nada si no se aplican otras medidas”. Por tanto, “esta reforma es inadmisible porque perjudica al campo de Castilla-La Mancha”.
La consejera de Agricultura ha criticado también “el retraso que del Gobierno socialista en cuanto a las reformas de los planos hidrológicos de las demarcaciones españolas que tenían que estar ya aprobados y enviados a Bruselas a finales de 2009 y en aplicación desde marzo de 2010. Esta es la demostración de que el PSOE en 30 años lo único que ha hecho ha sido demagogia y no ha sabido resolver el problema del agua en la región y calla ante su Gobierno que pretende reformar un plan en contra de los intereses de Castilla-La Mancha”.
Por último, desde el Gobierno regional “esperamos que el nuevo Gobierno de España preste mayor atención a la situación de déficit de agua en nuestra región y acepten estas 59 alegaciones, como también esperamos ese pacto nacional de agua que evite el enfrentamiento que han provocado los socialistas entre las Comunidades Autónomas y que garantice en cantidad y calidad las necesidades de agua que tenemos los españoles”, ha apostillado.
