El langostino cultivado se ha convertido en términos de valor en el principal producto del comercio internacional de la pesca, pero este comercio no beneficia a las poblaciones locales donde se ha desarrollado la industria acuícola, sino que las ha sumido en la pobreza, y numerosos hechos demuestran graves violaciones repetidas sobre los derechos humanos.
Esta industria, que crece y se expande a pasos agigantados, está instalada en ecosistemas costeros como deltas, estuarios, humedales, lagunas o manglares, y uno de los ecosistemas más afectados es precisamente este último, el manglar, considerado uno de los cinco sistemas naturales más productivos y del que dependen en el mundo millones de personas para abastecerse de comida y otros productos de primera necesidad. Pero esta industria, además de destruir vastas extensiones de bosque de mangle, ha forzado la emigración de pueblos enteros, ha contaminado zonas húmedas, ríos y estuarios y provocado una alta pérdida de biodiversidad, aumentando así el empobrecimiento y el hambre en las zonas donde se ha instalado.
Un claro ejemplo del impacto de esta industria lo encontramos en Ecuador, donde a pesar de su importancia y de un marco legal de protección, más del 70 % del ecosistema manglar ha sido destruido y remplazado por camaroneras para la producción de langostinos tropicales, cuyos mercados principales son Estados Unidos, Europa y Japón.
Al igual que en otros países, el progreso de esta industria en Ecuador ha aumentado la desigualdad social, la inseguridad alimentaria y generado conflictos armados directamente vinculados a la extensión y privatización por parte de la industria acuícola, que protege sus granjas de posibles robos con guardias de seguridad armados. En numerosos países las poblaciones afectadas han tratado de resistir y protestar contra la expansión de esta industria. Lo que ha generado conflictos que han terminado en muertes de pescadores, agricultores y otros habitantes de las zonas costeras.
El Estado español es el principal importador de langostinos de la UE. Ecologistas en Acción no quiere que los supermercados comercialicen estos langostinos -certificados ecológicamente o no- procedentes de una industria insostenible que está acabando con el sustento de muchos pueblos y que amenaza diariamente la vida de hombres y mujeres pescadoras y recolectoras artesanales.