La Unión Europea acordó el miércoles una ley diluida contra el "delito verde" que convertiría en ofensa penal acciones como arrojar deshechos tóxicos o trasportar ilegalmente material peligroso.
Le ley obliga a los 27 países miembros a tratar y castigar como actos criminales una lista de nueve delitos, que van desde dañar plantas o especies protegidas al comercio ilegal de sustancias que dañan la capa de ozono.
Pero no establece sanciones a nivel europeo, para desazón de los ecologistas, que dudan de que la norma tenga mucho impacto.
Los países de la UE tienen hasta dos años para empezar a aplicar la legislación, que fue adoptada por diputados y embajadores el miércoles.
La Comisión Europea había propuesto inicialmente penas de entre cinco y diez años de cárcel por delitos medioambientales que maten o hieran de gravedad a las personas, y multas de más de un millón de euros para las empresas implicadas.
Pero el máximo tribunal del bloque dictaminó el año pasado que la UE no podía especificar el tipo o nivel de las sanciones.
El texto menciona ahora " penas efectivas, proporcionadas y disuasorias", sin dar detalles.
