Cientos de indígenas mantienen bloqueada desde hace seis días la carretera Interamericana, que comunica a Panamá con el resto de los países de Centroamérica. La Policía intentó el domingo dispersar a los manifestantes, provocando disturbios que se cobraron la vida de una persona, mientras que otras 46 resultaron heridas –entre ellas seis policías– y más de 40 fueron detenidas.
Los enfrentamientos del domingo lejos de disipar la protesta lo que hicieron fue enfurecer más a los indígenas que cerraron la puerta a toda posibilidad de diálogo con el Gobierno de Martinelli hasta que no sean excarcelados todos los detenidos, entre los que se cuentan al menos diez menores de edad.
El presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo ngäbe buglé, Rogelio Montezuma, ha asegurado este lunes que para poder iniciar una negociación las autoridades deben además poner fin a la "represión" contra los indígenas y ordenar el repliegue de todos los efectivos de la Policía Nacional de la zona de conflicto.
Estas condiciones fueron acordadas por los indígenas durante una reunión celebrada esta madrugada en la localidad de San Félix, a unos 400 kilómetros de la capital panameña, según informa el diario “La Prensa” en su edición digital.
Los indígenas exigen al Parlamento panameño incluir en la ley que restringe las actividades mineras una prohibición de construir plantas hidroeléctricas, pues consideran que tienen el mismo efecto dañino sobre los recursos naturales que la explotación de minerales.
Desde la sede del Ejecutivo, el gabinete ministerial emitió el domingo un comunicado en el que advierten de las graves consecuencias que supuestamente tendría suspender las concesiones hidroeléctricas que actualmente están en construcción o en proceso de aprobación dentro o cerca de las comarcas indígenas.
"Cancelar las concesiones hidroeléctricas, frente a la constante alza del precio del petróleo, conllevaría un incremento de las tarifas de hasta un 30 por ciento en la facturación", ha informado el ministro panameño de Energía, Juan Manuel Urriola, citado por la Presidencia de Panamá en un comunicado.
Por su parte, Martinelli ha apelado al convenio firmado el 27 de febrero de 2011 con los líderes de la comunidad de ngäbe nuglé en el que acordó garantizar la protección de los recursos hídricos, aunque no quedó establecida la prohibición de su explotación.
La ONU como mediadora
La situación en Panamá ha empeorado a tal punto que la alta comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ana Villa, ha aceptado la propuesta de servir de mediadora para poner fin al conflicto. Los indígenas han pedido además a la Iglesia Evangélica y a las autoridades universitarias actuar como observadores en un eventual diálogo.
Desde Washington, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, ha expresado su preocupación por la situación en Panamá y ha exhortado a los indígenas a aceptar la oferta de negociación propuesta por el Ejecutivo.
Martinelli "ha mostrado su disposición a dialogar para evitar mantener una situación de tensión", ha destacado Insulza, quien insistió en la necesidad de abrir "un diálogo respetuoso para lograr la conciliación y la paz que desean y merecen los panameños".
"Las pérdidas materiales y económicas, producto de esta situación, lesionan la vida de miles de familias panameñas de todos los niveles, lo que lejos de sustentar una reivindicación social, podría ocasionar pérdidas irreparables", ha advertido.
