Según argumenta, un Real Decreto de 2002 incorporó al ordenamiento jurídico español una directiva del Parlamento europeo relativa al consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2, facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos, que hacía obligatorio el uso de una etiqueta sobre consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los nuevos coches que se pongan en venta o se ofrezcan en alquiler, con el objetivo de que los consumidores pudieran elegir con más elementos.
ERC denuncia en este sentido que dicha etiqueta no permite la comparación rápida con el consumo y el nivel de emisiones de otros modelos, además de que es poco conocida por el público, a pesar de que lleva puesta en marcha cerca de una década.
De hecho, pone de ejemplo a seguir otra etiqueta voluntaria que, además de incluir la información de consumo y emisiones, presenta la clasificación por consumo de manera más visual y que permite la comparación inmediata con otros vehículos.
Así, esta iniciativa, que ha sido recogida por Europa Press y que será debatida en la Comisión de Medio Ambiente, reclama al Gobierno que modifique, en un plazo de cuatro meses, el Real Decreto de 2002, de modo que la etiqueta sobre consumo de combustible y emisiones de CO2 que tiene carácter obligatorio, pase al formato y contenido que dicho Real Decreto prevé para la etiqueta voluntaria.
