Ante el titular del Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra han empezado a declarar los testigos y peritos para intentar dilucidar las responsabilidades derivadas de este accidente. Los primeros en comparecer han sido los tres trabajadores de la planta química acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por omisión e imprudencia grave, quienes se declararon no culpables.
El primer testigo citado, Aurelio Játiva, un camionero que la tarde del accidente estaba esperando a que su camión también fuera descargado, ha declarado que él estaba viendo la maniobra de descarga y puso en duda las medidas adoptadas. "A ciencia cierta, estoy seguro de que no estaban colocadas las mangueras de seguridad en el contenedor", ha expuesto.
Aurelio Játiva ya había estado trabajando para la empresa Brenntag con anterioridad y afirmó que "sus procedimientos de seguridad son muy diferentes" a los que había visto "en el resto de Europa, donde son más seguros", ha puntualizado.
Así, ha rememorado que en aquel 1 de septiembre de 2006, cuando se produjo el siniestro, él contaba con más de diez años de experiencia a nivel europeo en el transporte de mercancías peligrosas. "No me sorprendió que tuvieran un accidente", ha dicho en la sala judicial.
"Una de las tomas de tierra no estaba puesta, pero no me dio tiempo a avisar, ya que fueron un par de minutos", ha señalado, y a continuación ha relatado que en ese momento una chispa incendió el contenedor en el que estaban vertiendo el tolueno y después se produjo una fuerte explosión.
Testimonio de los trabajadores
Por su parte, el capataz de disolventes, Eulogio Estévez, ha explicado como el día del incendio y posterior vertido contaminante manipuló la manguera del camión para extraer el tolueno, lo que hizo junto a su ayudante, José Manuel Mosteiro, y en una operación que había autorizado la consejera de seguridad, Beatriz González Viéitez. "Aunque supervisar no era mi cometido", ha matizado.
Ante las preguntas de la Fiscalía y las tres acusaciones particulares, los acusados insistieron en asegurar que las tomas de tierra estaban conectadas. "Hasta en dos ocasiones pude comprobar como las mangueras estaban conectadas", ha insistido Beatriz González.
4 meses de prisión
Por su parte, la defensa se encargó de recordar que "no hay una normativa en este país que marque el protocolo de cómo se tiene que actuar en una descarga" de este tipo de sustancias altamente volátiles.
Igualmente, la consejera de seguridad de Brenntag ha afirmado que esa misma mañana ya había detectado "una gran mortandad de peces en el río Umia, que procedían de aguas arriba del emisario de la fábrica".
El fiscal solicita 4 meses y 15 días de prisión, el pago de una multa y el abono de cerca de diez millones de euros, cantidad de la que hace responsable civil subsidiaria a la firma química asentada por aquel entonces en Caldas.
En concreto, el Ministerio Público pide abonar a la Xunta 8,1 millones por su actuación para extinguir el incendio, 113.919 euros por las obras de emergencia que fueron necesarias para controlar el vertido y 1,3 millones por los daños ecológicos y medioambientales ocasionados.
Además, la acusación pública entiende que deben indemnizar a otras empresas situadas en las inmediaciones del polígono industrial por los días de inactividad que les ocasionó el incendio y pagar 14 turismos, cuatro camiones y un remolque afectados por el fuego.
