La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) presentó ayer el estudio "Pobreza Energética en España. Potencial de Generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas", desarrollado en el marco del proyecto REPEX, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, y con la colaboración de la Fundación La Casa Que Ahorra.
El Estudio, dirigido y presentado por Sergio Tirado Herrero, Vicepresidente de la ACA y experto del Centro de Cambio Climático y Políticas Energéticas Sostenibles de la Universidad de Europa Central (3CSEP/CEU), pone de manifiesto que un 9% de los hogares españoles sufre una situación de pobreza energética, es decir, que son incapaces de pagar la energía suficiente para la satisfacción de las necesidades domésticas básicas o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a ello. El estudio está referido al periodo 2006-2010.
La situación de crisis económica, con tasas de desempleo crecientes, muestra un aumento de la tasa de pobreza energética desde 2008 de forma que, en 2010, se estima que un 12% de hogares se encontraba en esta situación, lo que supone más de 5 millones de personas. Este fenómeno, que se prevé que siga aumentando en los próximos años, afecta especialmente a hogares con jubilados y desempleados. En 2012, se estima que un tercio de los hogares con algún miembro en paro se encuentre en esta situación.
Uno de los datos más destacados que presenta el estudio es la estimación de que, en España, entre 2.300 y 9.300 defunciones son muertes prematuras de personas de edad avanzada, que podrían evitarse si se erradicase la pobreza energética.
Entre las recomendaciones para afrontar la pobreza energética en España, propuestas por la Asociación de Ciencias Ambientales, a través de José Luis López, director del proyecto REPEX donde se engloba este estudio, destacan las siguientes:
- Hacer visible las dimensiones y características de una problemática real como supone la pobreza energética, que debe ser reconocida a nivel político, económico y social.
- Sensibilizar a la población y a los principales actores implicados sobre la existencia de esta problemática, sus consecuencias y posibles soluciones, poniendo en marcha campañas de información y sensibilización.
- Ahondar en una metodología que estudie y determine la extensión y características socioeconómicas de la pobreza energética en España, sus principales características y sus consecuencias sociales y ambientales, con el fin de que permita orientar políticas específicas.
- Impulsar una política estratégica a nivel estatal para la eliminación de la pobreza energética, tal y como se insta ya desde la Unión Europea, que ponga en común a todos los actores implicados y que no sólo reconozca esta problemática, sino que impulse actuaciones en distintos niveles y de forma coordinada con las comunidades autónomas. Dicha política debe realizar una apuesta decidida en la eficiencia energética de la vivienda, tanto nueva, con mayores exigencias en el Código Técnico de la Edificación, como (sobre todo) en la vivienda existente, con un decidido apoyo a la rehabilitación energética de edificios.
- Desarrollar un programa de rehabilitación energética de viviendas, dotado presupuestariamente y con objetivos detallados por comunidades autónomas, según necesidades reales en cada una, ya que esta solución está considerada como la más sostenible para minimizar la pobreza energética. Una apuesta política en la promoción de la rehabilitación energética priorizando aquellos hogares que están padeciendo una situación de pobreza energética, permitirá generar nuevos puestos de trabajo en el maltrecho sector de la construcción, además de favorecer otros efectos positivos como son la reducción de los gastos en energía, la dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes con efectos sobre la salud y los ecosistemas.
- Incorporar criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica, ya que si se resuelve con un incremento de precios cobrados al consumidor puede convertirse en un factor determinante para el incremento de tasas de pobreza energética en los próximos años.
