Esto quiere decir que se podrán edificar viviendas aisladas en Montes de Utilidad Pública y Preservados, Zonas de Protección de Embalses y Humedales, o incluso en el Parques Regionales. Las parcelas deberán tener 5 Ha de superficie para suelos sin protección sectorial, y 10 Ha para los que estén protegidos. En ambos casos se permitirá edificar un 1% de la superficie de la parcela, dando como resultado viviendas de 500 a 1000 m2 de superficie en una sola planta.
Por poner un ejemplo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas de extensión de las cuales el 65% son de titularidad privada, se podrían construir 3.431 viviendas de 1000 m2 de planta cada una, pudiendo hacerse una o varias urbanizaciones dentro del propio Parque Regional con accesos restringidos, donde difícilmente se podrá controlar la protección real del entorno. Claramente esta ley está pensada en beneficio de una minoría de propietarios de terrenos que tienen la aspiración de poder vivir en el campo y trabajar en la ciudad, frente a la necesidad de miles de madrileños de aire y agua limpios, espacios abiertos y contacto con la naturaleza.
El anteproyecto de ley además, en un claro ejercicio de demagogia, utiliza la expresión "viviendas rurales sostenibles" sin definir qué criterios se utilizarán para establecer cuando una vivienda es sostenible: cómo se van a abastecer de agua y energía, donde van a desaguar las aguas negras y las basuras generadas, como van a ser los caminos o carreteras que le den acceso, o como se va a controlar que se respeten los espacios protegidos, apelando a la buena intención de los propietarios, y llamando además "sostenible" a la dispersión por el territorio de viviendas, multiplicando el espacio dedicado a carreteras y conducciones de luz, agua y energía y fomentado la dependencia del coche y la gasolina.
Otro argumento se basa en la fe en el impacto beneficioso que ha de tener para la economía de la Comunidad de Madrid sin aportar ningún dato ni estudio al respecto, y sin tener en cuenta la presión que va a suponer sobre el suelo rústico integrarlo al desarrollo de viviendas, pudiendo darse el caso de un aumento de los precios del suelo, así como los del alquiler rústico de las parcelas explotadas de manera agrícola, ganadera, forestal o turística, que hará menos rentables estas actividades.
Nuevamente sin aportar dato ni estudio alguno, el texto de la ley se justifica en el convencimiento de que existe una importante demanda de este tipo de viviendas, desoyendo el contexto socio-económico devastado que ha dejado la época del ladrillo: un elevado nivel de endeudamiento en la adquisición de vivienda y 337.212 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid, con las que contrasta la falta de acceso alarmante a una vivienda digna, y la precarización generalizada de la vida.
Con estos argumentos tan manipuladores, este anteproyecto de ley plantea un "todo vale" en suelos protegido y supone una amenaza para el medio dado que facilita la urbanización de suelos rurales con protección antes que la ocupación de solares urbanos vacíos o la rehabilitación de edificios, y convierte el Urbanismo en la Comunidad de Madrid en una disciplina laxa sin herramienta alguna para proteger el interés general ni para controlar la dispersión urbana o el consumo irracional del suelo.
Ecologistas en Acción considera inasumible esta nueva norma tanto desde un punto de vista ambiental como social. Por ello, en los próximos días se iniciarán actuaciones tendentes a recoger el apoyo de otros colectivos sociales y universidades contra la nueva Ley.
