Ayer se presentó en rueda de prensa en Madrid la Plataforma "No a Nuestra Costa", una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de Costas, ante los reiterados intentos de reforma de la misma.
La Plataforma está formada por decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT, entre otras.
"No a nuestra costa" desea convertirse en un movimiento ciudadano y apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma, esto es fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.
Con la presentación de la Plataforma, las organizaciones han lanzado también una campaña de movilización ciudadana para que, a título personal, se pueda apoyar la validez de la actual Ley de Costas.
La situación actual de nuestra costa
La entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, avanzó decisivamente en la conservación de los recursos naturales. Se establecieron claros límites al proceso de desfiguración de la costa (iniciado hace 60 años), haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos, que recoge el artículo 132 de la Constitución. Además, salvaguarda los derechos legítimos de particulares y empresas, dando un plazo de 30 años, que termina en 2018, y prorrogables otros 30 más para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa.
En dos décadas, la costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.
Desde la plataforma, se considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). Una reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, implicaría un enorme coste para las arcas públicas.
La mejor política que se debe realizar es favorecer la conservación del entorno. El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, sino el camino para salir de la crisis.
