España cuenta con 25 reservas marinas, diez de las cuales, incluida Tabarca, son gestionadas directamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La reducción del presupuesto destinado a la gestión de las reservas marinas pone en peligro los avances logrados tras años de inversiones. España se beneficia enormemente de la existencia de estas áreas marinas protegidas, ya que a pesar de su pequeño número son fuente de recursos pesqueros, de turismo y salud ambiental.
“Existen infinidad de estudios científicos y otras evidencias factibles de los beneficios de una buena gestión de las áreas marinas protegidas”, declara Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana Europa. “En un momento de crisis es absurdo no invertir en los ecosistemas más productivos que tenemos, los cuales han tardado décadas en ser eficientemente protegidos. Por ello, instamos a la Secretaría General del Mar a enmendar este tremendo error”.
Un estudio publicado en la revista Nature estima que los distintos tipos de ecosistemas marinos producen hasta 14.500 euros por hectárea y año, cifra muy superior a la de cualquier ecosistema terrestre. Haciendo una estimación conservadora, Oceana calcula que las casi 110.000 hectáreas de reservas marinas de España tienen una productividad superior a los 500 millones de euros al año.
“En el caso concreto de Tabarca, con 1.750 hectáreas y un 80% de su paisaje sumergido formado por praderas marinas, podemos estimar que produce al menos 10 millones de euros anuales, para beneficio de pescadores, turistas, empresas y las gentes que la habitan”, señala Ricardo Aguilar, Director de Investigación de Oceana Europa. “Como reconocen los pescadores de la zona, la isla sería un cementerio si no se hubiese protegido hace 25 años”.
Tres de las reservas marinas estatales se encuentran en Canarias. Andalucía cuenta con dos, y Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña con una cada una. Oceana advierte, además, de que muchas de estas áreas también están protegidas también bajo normativa nacional e internacional, como la Directiva Hábitats, la Directiva de Aves o el Convenio de Barcelona, y que por tanto una disminución de la vigilancia y otras faltas en la gestión conllevarán asociadas una serie de repercusiones de índole internacional.
