En este sentido, el director ejecutivo de Retorna, Miquel Roset, ha afirmado durante la presentación del estudio “La evaluación de costes del SDDR en España” que este modelo "existe ya en 40 países y podría triplicar la recuperación de los envases, que pasaría de un 35% actual a cerca de un 90% sin coste adicional alguno". Roset ha señalado que la inclusión en este proceso daría lugar a la recuperación de "más de 28 millones de envases diarios para entrar en el ciclo productivo, con el consiguiente ahorro de costes en materia prima y energía al que daría lugar".
El estudio, realizado por la consultora ambiental británica Euromia, estima los costes de implantación y mantenimiento de este sistema propuesto por Retorna en 684 millones de euros al año. Para cubrir esos costes, habría que recurrir a los ingresos estimados de envases no devueltos (385 millones de euros), 176 millones de la venta posterior de envases y 123 millones derivados de la tasa que los envasadores pagan por la gestión en el actual sistema SIG.
20 céntimos por envase
La propuesta de Retorna para conseguir que los ciudadanos devuelvan los envases al punto de venta es que, por cada envase, tengan que pagar 20 céntimos de euro, para que el coste total de este sistema se traslade a los fabricantes y consumidores que no devuelven sus envases, dejando la población de pagar el coste municipal de recogida y eliminación de estos residuos.
Las cifras de este trabajo se han calculado estimando una recaudación de 20 céntimos por envase, contando con que el retorno de los mismos se diera en un porcentaje del 89%, con la existencia de 182.000 puntos de retorno, 24.000 máquinas automáticas de recuperación y un pago de 3 céntimos por envase recogido a cada comercio. De este modo, los comerciantes recibirían unos 535 millones de euros como compensación por su colaboración en el manejo, almacenamiento, coste y financiación de las máquinas de recogida automática.
El estudio fue presentado el miércoles por Retorna al secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos y la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Rural, Guillermina Yanguas, para destacar la viabilidad económica del modelo que defiende Retorna. En la iniciativa participan ONG ambientales, asociaciones de consumidores, sindicatos y representantes de la industria del reciclado.
14.000 puestos de trabajo
Junto a la viabilidad económica que defiende el estudio, la implantación del SDDR podría generar 14.000 puestos de trabajo en una primera fase de su implantación, según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO. Según este informe, los empleos directos serían los propios de actividades de recogida, conteo y transporte, mientras que entre los indirectos se encontrarían la fabricación de maquinaria, contenedores, bolsas, etiquetas y vehículos de transporte.
Por otro lado, según Retorna, el SDDR produciría un menor impacto ambiental para la recogida y tratamiento de los residuos de envases de bebidas, porque significaría evitar la emisión de 320 kilogramos de CO2 por tonelada gestionada con respecto al SIG. Esta cifra supondría un reducción de un 47% en la contribución al cambio climático.
Por su parte, el presidente de honor de Retorna, Domingo Jiménez Beltrán, ha afirmado que la legislación planteada por el Gobierno, Ley de Medidas Urgentes en el Medio Ambiente, "es una maquinación de la racionalidad" pero que "no podrán saltarse la legislación comunitaria". Jiménez Beltrán ha señalado que España está sufriendo un "autismo ambiental" por parte del Gobierno porque "no hace caso a la racionalidad de una economía verde que apoya en Bruselas y vulnera en España".
En este sentido, ha señalado que el sistema SDDR "tiene todos los aspectos para contribuir a un desarrollo sostenible, inteligente e inclusivo de la estrategia comunitaria 2020" y ha lamentado que "en los borradores de la Ley de Medidas Urgentes en el Medio Ambiente se contemple la reforma de la Ley de Residuos e introduzca que el sistema SDDR sería solo voluntario".
De aprobarse el borrador citado por Beltrán, se derogaría el artículo 21.2 de la Ley de Residuos, aprobada en 2011, que recogía la posibilidad de crear un sistema de depósito y retorno donde los ciudadanos pagaran una cantidad mínima al comprar una lata que recuperaban al reciclarla y que generó durante en la tramitación de la ley disputas con los actuales gestores del reciclaje.
