Así, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, y en línea con la Directiva de la Unión Europea "Marco del Agua", se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. Así, se introduce un régimen que permita reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos, así como una mayor flexibilidad para gestionar sus disponibilidades de agua, en las masas que cuenten con un plan de actuación.
Además, esta nueva normativa refuerza la potestad sancionadora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de aguas, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación de la legislación, y con sanciones que oscilan entre las leves (multa de hasta 10.000 euros) y las muy graves (desde 500.000 hasta 1 millón de euros).
El Real Decreto-Ley también refuerza el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio constitucional por el Tribunal Constitucional. Además, el nuevo texto normativo incorpora medidas que incentivan la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, para facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.
Por último en materia de agua, se añaden condiciones específicas para mejorar la situación del Alto Guadiana evitando un deterioro del acuífero y permitiendo mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas.
Protección del patrimonio natural
Por otro lado, el RD-L modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para consolidar y unificar en un solo instrumento de protección las diversas figuras protectoras y mecanismos de planificación que, en ocasiones, se solapan en la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000, generando retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos. Se quiere acabar así con situaciones en las que, en una misma hectárea, podían concurrir diferentes instrumentos de gestión.
Además, la normativa garantiza la compatibilidad de esta protección y conservación plenas con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos allí ubicados, a través de la planificación de estos espacios naturales y los adecuados planes de e instrumentos de gestión y desarrollo.
Esta modificación instituye también un procedimiento para comunicar a la Comisión Europea las medidas compensatorias adoptadas en estos espacios protegidos.
UPyD tacha de "chapuza" el decreto
El número dos de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha tachado de "chapuza" la norma, al mismo tiempo que avisa de que, de esta manera, el Ejecutivo asume una actitud de "guardia con porra". En declaraciones a Europa Press, el diputado ha defendido que las competencias sobre recursos naturales deben ser estatales, aunque después pueda delegarse la gestión, si bien discrepa de que esta medida se haya tramitado por la vía urgente a "golpe de decreto ley, como parece que nos viene acostumbrando cada viernes".
Así, insiste en que esta asunción de competencias debería haberse integrado dentro del debate político entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque hay ríos que, por ejemplo, atraviesan varias comunidades autónomas.
PSOE
El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha recordado que el agua se convierte en un producto, un "elemento de mercado sin más" para el que se habilita la posibilidad del comercio entre particulares sin la intervención de la administración, frente a lo que antes era una atribución de los derechos concesionales por límites temporales.
"Se permite la reventa. Es algo que va en contra del principio básico de la consideración del agua como bien público y que convierte el agua en un derecho de operaciones mercantiles entre particulares", ha lamentado.
Al mismo tiempo, advierte de que esto podría conducir a un proceso de especulación "pura y dura" del agua y del suelo con derechos de agua. En su opinión, "lo más grave" es que el Ejecutivo desprovee el agua de su característica más esencial y la convierte en un producto comercial.
Por su parte, en la misma línea, la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona considera que el Real Decreto Ley supone la "urgente privatización" de las aguas subterráneas, incluidas las de los acuíferos que ya están sobrexplotados, como los del entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Así lo ha expresado en su twitter personal, en el que califica la medida de amnistía ambiental y se pregunta a favor de quién irá el Real Decreto-Ley.
