Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el representante del Gobierno andaluz ha subrayado que actualmente una de cada tres actuaciones que lleva a cabo la Consejería en este tema son de oficio, lo que refleja "el compromiso" de la Administración andaluza "para afianzar una política preventiva", en colaboración con los distintos agentes implicados en la disciplina urbanística y, en particular, con los Ayuntamientos.
Planas ha explicado que en el marco de la actividad administrativa realizada al amparo del Plan General de Inspección 2009-2012 y que ha tenido incidencia en 663 municipios andaluces -el 86% de Andalucía- se han tramitado 2.517 denuncias. Asimismo, se han incoado 19 expedientes sancionadores, 26 expedientes de protección de la legalidad urbanística y se han ejecutado 44 demoliciones. El consejero ha añadido que se han formalizado 1.264 impugnaciones jurisdiccionales de licencias y proyectos de actuación en suelo no urbanizable, de las cuales el 77,46% se han resuelto a favor de la Junta.
Luis Planas ha resaltado igualmente la importante labor de cooperación institucional que mantiene la Junta con otras administraciones implicadas en la materia y, en particular, con los Ayuntamientos andaluces. Además, ha recordado los instrumentos de colaboración vigentes con otras instituciones y organismos, tales como el convenio de colaboración suscrito con el Ministerio Fiscal, los respectivos protocolos acordados con los ministerios de Justicia, Interior, así como con la Fiscalía del Estado y la colaboración con los órganos judiciales y los Colegios de Registradores de Andalucía.
Igualmente, el consejero ha asegurado que el principal objetivo para los próximos años será "mantener el nivel de prestaciones que actualmente se vienen realizando", destacando como acciones prioritarias reforzar la colaboración con los ayuntamientos para la realización de los Planes Municipales de Inspección y el ejercicio de la disciplina urbanística y en particular suministrar el apoyo necesario para la aplicación del Decreto 2/2012 sobre edificaciones en suelo no urbanizable.
De la misma forma, se va a potenciar una mayor atención a la intervención preventiva en las fases iniciales del proceso, estableciendo prioridades territoriales que atiendan a los espacios más sensibles desde la perspectiva ambiental y paisajística; así como a la colaboración con otros órganos implicados, especialmente desde la esfera judicial.
Decreto sobre edificaciones existentes en suelo no urbanizable
Durante su intervención en el Parlamento, el consejero ha resaltado la función reguladora con la que ha nacido el Decreto sobre edificaciones existentes en suelo no urbanizable, "que ha venido a clarificar esta situación desde una visión general, identificando las distintas situaciones y aportando procedimientos para su regularización".
A través de este decreto, se pretende clasificar la situación de las edificaciones desde una doble perspectiva: por su forma de ubicación (aisladas o pertenecientes a asentamientos) y por su situación de legalidad (en función de su adecuación al planeamiento urbanístico y la existencia o no de licencia). La actividad en esta línea de actuación se centra en las tareas de reconocimiento de la realidad física y jurídica objeto de la inspección, a través de inventarios para el análisis previo de este tipo de edificaciones que permitan determinar los ámbitos territoriales más sensibles y necesitados de una actuación proactiva, objetiva y programada.
