Greenpeace estuvo presente ayer en la rueda de prensa en la que tres senadores de designación autonómica han explicado una moción presentada, la semana pasada, en el Senado para combatir el problema de la madera de origen ilegal y su consumo en el mercado europeo. Los senadores son Pere Sampol i Mas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Francisco Javier Tuñon San Martín de la Comunidad Foral de Navarra y Xosé Manuel Pérez Bouza de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Miguel Angel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España, asistió para explicar a los medios la urgencia de abordar el problema de la presencia de productos forestales de origen ilegal en el mercado de la Unión Europea.
"Más de un 30 por ciento de las importaciones españolas de madera proceden de talas ilegales en la Amazonia, África tropical, el Sureste Asiático, Europa Oriental o Rusia" ha denunciado Miguel Ángel Soto. "Las políticas de compra verde de la administración pública y el compromiso del sector empresarial están demostrando ser insuficientes para acabar con este problema. Es urgente abordar el problema con una ley que prohíba la entrada en la UE de los productos forestales de origen ilegal"
El comercio mundial de madera extraída ilegalmente es un negocio que mueve grandes cantidades de dinero. El Banco Mundial estima que la talas ilegales suponen, a los países productores, pérdidas de 10.000 millones de euros al año: en torno al 6 por ciento de esta cifra puede deberse al mercado español.
Por este motivo en las próximas semanas la Comisión Europea debe tomar una decisión importante en materia de lucha contra la deforestación dentro del Plan de Acción FLEGT de lucha contra la tala ilegal. La Comisión deberá presentar una propuesta legislativa que prohíba la presencia en el mercado europeo de madera y productos derivados procedente de las talas ilegales.
"La demanda de madera y papel baratos está alimentando la destrucción de los bosques, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y agravando el cambio climático. Además, la madera importada de origen ilegal supone una competencia desleal con la producción de los montes españoles, que se ven abocados al abandono" ha señalado Soto. "Es urgente que la Unión Europea legisle para que todos los productos de origen forestal presentes en el mercado europeo provengan de fuentes legales y de un buena gestión forestal".
En la moción presentada por los tres Senadores citados, éstos piden a la Comisión que insten al Gobierno a, entre otras cosas:
– Exigir la utilización de madera certificada en todas las obras contratadas o subvencionadas por la Administración del Estado, Organismos autónomos y Empresas públicas.
– Aprobar una normativa que obligue a las empresas importadoras de madera tropical a garantizar que procede de explotaciones gestionadas de manera sostenible.
– Promover acuerdos bilaterales dentro del Plan FLEGT con aquellos países exportadores de madera al mercado español con el fin de combatir las prácticas asociadas a la madera ilegal.
