Según esta organización, lamentablemente tampoco es parte de una estrategia energética a medio y largo plazo, en línea con las hojas de Ruta 2050 de la UE, estrategia que afirman inexistente y cuyo solo enunciado invalidaría acciones como esta.
La Fundación afirma que ningún responsable del área energética, ni de la económica, han dado la mínima información sobre las intenciones del ejecutivo y solo existen algunas filtraciones a los medios de comunicación (ni confirmadas ni desmentidas) que, excepcionalmente y por su gravedad, merecen una llamada de atención al Gobierno para que no incida en el error que supuso el RDL 1/2012, norma que cercena el desarrollo futuro de las renovables, asestando ahora un golpe que, de ser ciertas las informaciones aparecidas, sería mortal para las instalaciones ya en funcionamiento y que una vez más merecería la reprobación comunitaria.
La creación de una tasa a la generación renovable, como se ha adelantado en algún medio, es, en palabras de la Fundación, en primer lugar, un disparate normativo, un verdadero fraude de ley, pues supone quitar a los promotores renovables una parte de lo que el mismo BOE le ha otorgado en concepto de incentivos para internalizar sus beneficios medioambientales y estratégicos. Es aplicar una retroactividad encubierta tratando de evitar una nueva avalancha de recursos en los tribunales.
La organización continúa destacando que en segundo lugar, esta tasa provocará la ruina de un gran número de empresas y particulares que en su día hicieron una inversión para poner en marcha sus proyectos, confiando en una retribución fijada en función de unos determinados costes. Esta ruina de buena parte de las empresas complicará aún más la situación de la banca española que solo en el caso de la fotovoltaica tiene un riesgo adquirido de más de 15.000 millones de euros.
En tercer lugar, la asociación afirma que esta decisión supondrá enterrar definitivamente el ya maltrecho crédito de la seguridad jurídica en nuestro país, alejando definitivamente a los inversores no solo de este sector sino de cualquier otro. La ausencia de información, de diálogo con el sector, el recurso al RDL sin tramitación parlamentaria y la proliferación de normas constituyen un conjunto de factores que están haciendo de la incertidumbre regulatoria la principal característica del sector energético cuando lo que requiere es precisamente lo contrario.
La medida sería además contradictoria con la política energética europea, que tanto en la Directiva de Renovables como en la reciente Hoja de Ruta de la Energía establece que la opción prioritaria son las energías renovables. No tiene ningún sentido añadir nuevos obstáculos, en este caso la pretendida tasa, a las fuentes de energía que es necesario impulsar para que desplacen a las demás.
La pretensión del Gobierno de presentar esta decisión como justicia salomónica, tal y como ha trascendido, al imponer la tasa también a la generación convencional, es una auténtica falacia no solo por los arbitrarios coeficientes que supuestamente se aplicarían sino también porque mientras las tecnologías renovables han realizado unas inversiones que están muy lejos de estar amortizadas, en el caso de las dos tecnologías convencionales más afectadas por esta medida –la nuclear y la gran hidráulica– es reconocido que, malabarismos contables aparte, sus inversiones iniciales están amplia y suficientemente amortizadas y llevan años beneficiándose del precio marginal del mercado con unos costes de operación muy bajos. Además el sector convencional puede trasladar inmediatamente esa tasa al precio del mercado mientras que en el caso de las tecnologías renovables incidirá directamente y de forma definitiva en muchos casos en la cuenta de resultados.
Céntimo verde
Por último, la Fundación Renovables reclama que, si finalmente se impone el criterio de corresponsabilidad del sector energético, el llamado céntimo verde, para que todos los consumidores energéticos contribuyan al esfuerzo que está haciendo el sector eléctrico para una mayor penetración de renovables, esfuerzo que en el transporte y el consumo energético en edificios no se está haciendo, tenga ese carácter finalista y no se desvíe a reducir el déficit público, lo que supondría mantener las tensiones en el sistema eléctrico.
El error de partida, según la fundación, es que el Gobierno sigue considerando las renovables como un lastre cuando es en realidad una solución a los principales problemas que se le reconocen a nuestro modelo energético: su alta dependencia del exterior, su coste en la balanza comercial y su alto nivel de emisiones. Las medidas que han trascendido llevan camino, como las precedentes de este Gobierno y del anterior, de ser parches que no solucionaran nada y menos el déficit de tarifa.
La Fundación Renovables considera imprescindible una reforma a fondo del sistema eléctrico, con un mercado trasparente y justo que incorpore las externalidades positivas y negativas de cada una de las tecnologías. Para ello reclama un acuerdo de las principales fuerzas políticas para abordar definitivamente los principales retos que tiene planteado el sector energético con una visión a medio y largo plazo y que abandone el cortoplacismo y la improvisación que han caracterizado la actuación en este ámbito tanto de este como del anterior Gobierno. Es condenable que en lugar de aprovechar la oportunidad que el ahorro, la eficiencia, las renovables, la rehabilitación energética de los edificios y, en general, la optimización del sistema energético para salir de la crisis se camine en dirección contraria para ahondar en la misma en contra de los intereses de la sociedad.
