La nueva norma elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los "chiringuitos" y modifica las normas del deslinde administrativo.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la nueva normativa ha sido redactada "por la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente del litoral" que es, según ha subrayado, la base también del turismo español.
En este sentido, ha subrayado que la norma, que será remitida al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), tiene dos objetivos fundamentales: proteger el litoral y dar seguridad jurídica a propietarios y concesionarios.
Transmisión mortis e intervivos
En relación a las concesiones, según explica el Gobierno, la norma también permitirá la transmisión mortis causa e intervivos y establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes para resolver la extinción de las previstas en la Ley de 1988, que expiraban en 2018. Para el Ejecutivo, esta medida asegura la continuidad ordenada y selectiva de las ocupaciones de dominio público martímo-terrestre y "concilia la conservación del litoral con su uso sostenible".
En este sentido, apunta que la especial situación de los propietarios de viviendas en la costa que, con motivo de la aplicación de la Ley de 1988, quedaron convertidos en concesionarios, "ha generado problemas que van más allá de lo estrictamente jurídico".
"Todo ello, además, ha provocado desconfianza y desconcierto no solo en España, sino también en otros países. De hecho, el Parlamento Europeo elaboró un informe sobre la preocupante situación de las costas españolas en 2009 (Informe Auken). El anteproyecto aprobado por el Gobierno permitirá atajar esta situación", añade.
Junto a ello, Sáenz de Santa María ha explicado que para los denominados "chiringuitos", concesiones temporales en la zona de la playa, que "estaban en terreno de inseguridad jurídica", se establece un periodo de duración de cuatro años de concesión y su mantenimiento siempre que se mantengan las condiciones de protección medioambiental y del litoral con las que se concedió.
Igualmente, se ha referido a la cláusula "antialgarrobicos", una disposición legal que permitirá que la Administración del Estado, a través de la Abogacía del Estado, pueda intervenir para parar obras en pleno dominio público de playas o servidumbre contrarias a la legislación. "La abogacía del Estado podrá recurrir esas concesiones y obtener su suspensión para evitar determinados hechos consumados", ha subrayado.
De este modo, se introduce la suspensión automática en vía administrativa a instancia de la Administración del Estado de los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección. Acto seguido, el Estado deberá impugnar estos acuerdos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de diez días.
Modificación del uso de las playas
Entre otras actuaciones, la norma introduce una reforma en relación con el uso de las playas. En este caso, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, según explica el Ejecutivo, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.
Además, "con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de muchos municipios", el Gobierno regularizará distintas barriadas históricas para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre, como el Pedregalejo y El Palo (Málaga).
Greenpeace
De forma paralela a la propuesta de reforma, la organización ecologista Greenpeace ha presentado "Destrucción a toda costa 2012". La ONG ha comprobado cómo la mala gestión costera supone un derroche constante de dinero público de 100 millones de euros anuales en "parches", que podría evitarse con una política de gestión integral de la costa.
Una de las principales conclusiones del análisis es que, por lo general, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. Actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros o el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. La mala gestión también se traduce en pérdidas: Naciones Unidas estima que en España se ha perdido, debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras, un 50% de los beneficios económicos y ambientales de la costa (pesca, turismo u otras actividades) y con ellos la capacidad del desarrollo económico futuro.
Greenpeace denuncia que la ausencia de un plan de gestión integrada del litoral provoca que España deje de ganar 7.745 millones de euros cada año en beneficios ambientales de la costa, ya que por ejemplo el valor productivo de las reservas marinas del Estado se estima en 500 millones de euros al año y el de una hectárea de posidonia, 22.000 euros.
Una de las soluciones que propone Greenpeace para revertir las pérdidas, e incluso obtener mayores beneficios, es realizar una inversión estimada en 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral (el 3% de lo que generamos cada año sólo en turismo costero) vinculando el turismo a la sostenibilidad. Con esta cantidad se respetaría y aumentaría el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (esto implica el derribo de construcciones ilegales), se restaurarían zonas de alto valor ambiental y económico (marismas, espacios naturales protegidos de la costa, dunas, acantilados, humedales, etc.) y se comprarían terrenos costeros para su protección. Con esta inversión se socializarían los beneficios y se privatizarían los gastos, justo lo contrario de lo que pasa actualmente.
