En la actualidad existe un interés creciente por parte del sector industrial en el empleo de la biomasa forestal para la producción de energía eléctrica en Aragón, como fuente de energía renovable. También la sociedad y los poderes públicos demandan el incremento de usos de energías renovables, siendo la biomasa una fuente poco utilizada en Aragón hasta la fecha.
El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, estableció el marco legal para la producción de electricidad y energía térmica a partir de la biomasa.
Su uso conlleva numerosos beneficios tanto energéticos como sociales y medioambientales, entre los que se encuentran, la valorización de las masas forestales, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la ordenación del combustible forestal contribuyendo a la prevención de incendios forestales, y una mejora y mantenimiento del buen estado vegetativo de las masas forestales.
El objeto de esta orden es por lo tanto la regulación del aprovechamiento de la biomasa forestal como recurso de uso energético en los montes de Aragón, conforme a lo establecido en el Real Decreto.
Por todo ello es importante clarificar el régimen de los aprovechamientos maderables y leñosos con destino energético en Aragón.
En este sentido, se especifica en la citada orden, qué tipo de masas forestales son susceptibles de ser declaradas cultivo energético. Dichas masas se considerarán cultivos energéticos siempre y cuando se encuentren en un monte con instrumento de gestión forestal en vigor, y en el mismo se disponga que tengan vocación energética. Será con la aprobación del instrumento de gestión cuando adquieran la condición de cultivo energético, y en la resolución aprobatoria aparecerán las superficies que adquieran tal condición.
Con la presente regulación se consigue que las industrias que empleen biomasa para la producción de energía eléctrica puedan acceder a la prima eléctrica, pudiendo de esta forma poner en valor los montes aragoneses y reducir el riesgo de incendios. Todo ello cumpliendo con el principio de gestión forestal sostenible, asegurado con la aprobación de un instrumento de gestión forestal por parte de la Administración.
