Los escenarios de cambio climático indican que tanto el índice de peligro meteorológico de incendio como el periodo de alerta de incendio aumentarán en el futuro, sobre todo en el cuadrante suroccidental de la Península, por lo que los servicios de extinción de incendios tendrán que adelantar las campañas y tendrán que permanecer más tiempo en alerta.
Los incendios provocan la pérdida de los servicios que proporcionan al ser humano los ecosistemas afectados, entre lo que se encuentran los productos forestales, la conservación de la biodiversidad, la regulación del ciclo hidrológico, la fijación de CO2, la protección frente a inundaciones, el paisaje, etc., cuyo valor económico ha sido estimado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente en 279.624.703,76 ? para el total de las masas forestales de España.
Por otra parte, no deben olvidarse las fuertes repercusiones de índole socioeconómica de los incendios forestales, que provocan importantes pérdidas materiales y de vidas humanas, tal y como ha ocurrido este año con el fallecimiento de seis personas que integraban los dispositivos de extinción.
En lo que va de 2012, el número de grandes incendios (con superficie mayor de 500 hectáreas), supera en un 154% al de los últimos cinco años, siendo éstos los principales responsables de la gran superficie quemada registrada este año, que asciende a 177.237 ha.
Los grandes incendios son los responsables del 34% de la superficie que se incendia anualmente en España (promedio 2000-2009), a pesar de que suponen tan solo un 0,2% del total de los siniestros. En este tipo de incendios se combinan la intencionalidad, presente en el 47% de los casos, con las causas naturales, produciéndose en muchos casos a partir de un punto de ignición en un lugar alejado del rápido acceso de los dispositivos de extinción, en condiciones meteorológicas adversas, las cuales han abundado este año: a un periodo prolongado de escasas precipitaciones se han unido un julio y agosto con olas de intenso calor.
Las estadísticas muestran que la eficacia de los equipos de extinción ha mejorado en los últimos años. Hasta el 70% de los incendios son controlados en fase de conato, es decir, antes de que arda una hectárea de superficie y hasta en el 99,8% de las ocasiones se consiguen extinguir antes de que superen las 500 hectáreas. Sin embargo, tal y como señalan los expertos, cuando un gran incendio se está desarrollando, no hay medios humanos o materiales suficientes para frenar su avance, mientras no cambien las condiciones climatológicas extremas o la continuidad de la vegetación.
Tareas a desarrollar
Una de las primeras tareas para desarrollar cualquier línea preventiva es el conocimiento preciso de las causas que provocan los incendios y la identificación de los causantes. En el caso de España, donde el rayo es el único agente natural capaz de generar un incendio forestal, el 80% de las causas están directamente relacionadas con las actividades humanas, en algunas ocasiones por actividades accidentales, en algunas otras por negligencias y en otro gran número de ellas, concretamente el 60% de los casos, porque se prende fuego al monte con una intención clara, en la mayor parte de los casos para la regeneración de pastos, la eliminación de matorral y residuos agrícolas, por venganzas o vandalismo y por problemas relacionados con la caza. Los incendios intencionados tienen especial incidencia en el noroeste de España, donde representan el 75% del total.
Por otra parte, la disminución de las actividades agropecuarias y el abandono del medio rural ha supuesto una mayor acumulación de combustible en los montes, por lo que, a pesar de que hay menos actividad, las situaciones de riesgo una vez que ha comenzado el incendio han aumentado. Debe tenerse en cuenta que solamente un 10,5% de la superficie forestal española se encuentra sujeta a un proyecto de ordenación, en su mayor parte montes públicos. Por otra parte, la proporción de superficie forestal gestionada con criterios de sostenibilidad es de tan sólo el 4,6%. A esto se añade que muchas de las masas forestales están formadas por una sola especie, generalmente pinos y eucaliptos, poco resistentes al fuego, y que cada vez son más frecuentes las construcciones, tanto legales como ilegales, diseminadas en terrenos forestales, lo que aumenta tanto el riesgo de incendio como el riesgo para las personas que habitan en ellas y dificulta las tareas de extinción.
De lo expuesto anteriormente se deduce que la prevención no debe ceñirse únicamente a actuaciones sobre el medio, como pueden ser la silvicultura y la restauración preventivas, el aumento de la vigilancia para identificar a los causantes y la gestión de los residuos para la producción de energía y para el compostaje, sino también sobre el comportamiento de las personas en el monte, a través de el endurecimiento de la legislación al respecto y la restricción a los causantes de subvenciones y ayudas, la educación ambiental y concienciación de los colectivos implicados, la conciliación de intereses y los incentivos positivos para las buenas prácticas ambientales. En definitiva, para atajar el gran problema que suponen los incendios forestales, es necesario desarrollar una planificación del territorio y una gestión forestal con criterios de sostenibilidad, de tal forma que se tengan en cuenta el verdadero valor económico de las masas forestales.
