Activistas de Ecologistas en Acción, actuando como árbitros del clima, han amonestado a los coches (y conductores) más contaminantes. Se trata así de destacar el importante papel de los automóviles en su contribución al cambio climático: las emisiones de CO2 de los coches son las que más crecen en los últimos años. Del mismo modo, se quiere mandar un mensaje a los Europarlamentarios que están definiendo la nueva legislación sobre emisiones de los automóviles: que no cedan ante las presiones de la industria, y que pongan por delante el interés común y la lucha contra el cambio climático.
Las emisiones de CO2 en el transporte por carretera son las que más han aumentado desde 1990. En todo el Estado español prácticamente se han duplicado desde entonces –un 97 por ciento de incremento hasta 2007–. Es, por tanto, el sector más desbocado para poder atajar el cambio climático, y cómo la misma Agencia Europea de Medio Ambiente publica en su último informe, el transporte es el sector que más se aleja de los propósitos contemplados en el Protocolo de Kioto y ratificados cumbre tras cumbre por casi todos los gobiernos del mundo. De hecho, en Europa es el sector que más hace peligrar los compromisos de Kioto para 2012.
De estas emisiones debidas a la carretera, más de la mitad corresponden a los automóviles. Para regular este sector, la Unión Europea está trabajando en una legislación que fuerce a los fabricantes de automóviles a construir vehículos más eficientes. La legislación, en proceso de discusión, prevé imponer un límite máximo de emisiones medias por marcas para todos los vehículos vendidos. Está prevista la imposición de sanciones a los fabricantes que lo incumplan.
El límite objetivo, que viene marcado desde 1996, es el de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Si la Unión Europea ha tardado tanto en imponer un límite legal, ha sido por la falta de cumplimiento de un primer acuerdo voluntario adoptado por la industria del automóvil en 1998-1999, algo que a todas luces fue una maniobra dilatoria.
Después de más de 10 años de dilación, y ante el carácter obligatorio de la nueva ley, la actitud de la industria del automóvil en todo momento ha sido la de evitar límites de emisión ambiciosos, retrasar la fecha de cumplimiento, y que se fijen unas sanciones lo más pequeñas posibles. Una vez más la industria del automóvil demuestra cual es su principal interés: obtener más beneficios despreocupándose del cambio climático.
Mejorar la eficiencia de los nuevos automóviles, su menor consumo y sus menores emisiones tanto de CO2 como de otros gases perjudiciales para la salud, es una medida positiva para reducir las emisiones de CO2 totales y, de paso, también la contaminación de las ciudades. Pero Ecologistas en Acción quiere recordar que la deseable reducción en las emisiones por vehículo no es una medida suficiente, y debe ser acompañada de otras actuaciones que reduzcan el uso del automóvil. Lo que inevitablemente pasa por restricciones a la movilidad en coche y por el trasvase de viajeros al transporte público, así como por favorecer la movilidad a pie y en bicicleta en los entornos urbanos.
Conducir coches de un elevado consumo y unas elevadas emisiones debería ser socialmente rechazable por las graves repercusiones que tiene para la salud y la aceleración del cambio climático. Al derecho colectivo de respirar un aire más limpio y de frenar las repercusiones del cambio climático no puede anteponerse el derecho individual a conducir vehículos más contaminantes. Sobre todo porque las consecuencias las sufrimos todos.
Éstas son las razones que han llevado a Ecologistas en Acción a constituirse como árbitros del clima y amonestar, bajo la autoridad moral que confiere la salud de las personas y las desastrosas consecuencias del cambio climático, a los vehículos –y a sus propietarios– que más contribuyen a estos problemas. Así, los ecologistas, disfrazados de árbitros y de animadoras, han mostrado la tarjeta roja a estos vehículos despilfarradores, al tiempo que reclamaban "menos humos y menos CO2" en el cruce de las calles Orense y General Perón de Madrid.
Con esta acción, también, se pretende llamar la atención de los Europarlamentarios que en la actualidad están trabajando sobre el documento base para la nueva legislación, para que antepongan los beneficios sociales a los derechos de unos pocos, y el derecho a un medio ambiente sano a los beneficios económicos de la industria del automóvil, y no se dejen convencer por la fuerte presión en sentido contrario que está ejerciendo dicha industria.
