En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Saénz de Santamaría ha destacado que la norma dará "seguridad jurídica" a ciudadanos y empresas y "reforzará la protección ambiental" de la costa, al tiempo que se evitarán "situaciones irreversibles". Por todo ello, ha insistido en que se trata de "un cambio normativo muy importante".
Así, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
De este modo, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares. Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 "chiringuitos" (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
Principales modificaciones
Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplicar criterios técnicos para deslindar la costa, según Medio Ambiente. La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá "un nivel de protección mayor" al vigente.
Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.
Otra medida contempla el impedimento de nuevas edificaciones en el DPMT y la prohibición de que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan un aumento de volumen, altura o superficie. Por otro lado, para lograr una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos por lo que los bienes de DPMT deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.
También se ampliarán los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
En cualquier caso, Medio Ambiente precisa que no se trata de "una prórroga indiscriminada" ya que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera "será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga".
Ecologistas
Las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción han calificado de "engaño" la proposición de ley para la reforma de la Ley de Costas al afirmar que supondrá un "alto coste" económico para los ciudadanos.
Así, WWF ha resaltado que el proyecto de reforma se ha elaborado "ignorando los problemas actuales del litoral" relativos a temas como la regresión de la línea de costa, el deterioro de los ecosistemas marinos o la presión urbanística, entre otros.
"El aumento de la altura del mar o el incremento en número e intensidad de los temporales están ya afectando a partes de nuestro litoral. La reforma debería proteger esas áreas y facilitar su desocupación para evitar daños personales y materiales y una avalancha de reclamaciones futuras", ha señalado.
Por su parte, Greenpeace ha solicitado el Ejecutivo dar a conocer cuáles son los criterios para "ese uso sostenible" de la costa que impedirán las ya habituales atrocidades urbanísticas" en el litoral español.
Asimismo, ha recordado que la tramitación de esta ley "no ha contado desde el principio" con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. "En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente", ha destacado.
Por último, ha destacado que "al permitir que se ocupe" el territorio durante 75 años extra y en zonas inundables que no se hayan inundado por lo menos cinco veces durante los últimos diez años, sumado a la exclusión del dominio público de humedales como las salinas, "se está aumentando exponencialmente el gasto de dinero público en mantenimiento artificial de la costa".
Mientras, la asociación Ecologistas en Acción ha calificado de "pésima noticia" el proyecto al entender que supone una "frivolidad" y una "irresponsabilidad total" puesto que "busca favorecer con irregularidades" en base a "intereses particulares y amiguismos".
La portavoz de Ecologistas en Acción de Andalucía, Dolores Yllescas, ha señalado a Europa Press que el procedimiento "no tiene pies ni cabeza" y es "arbitrario", ya que implica "cargarse una de las mejores leyes de la democracia" al objeto de "privatizar de facto gran parte de nuestro litoral".
