El informe fue lanzado en la 11ª Conferencia de las Partes en el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, celebrada en Hyderabad, India, y se titula Expanding Financing for Biodiversity Conservation: Experiences from Latina America and the Caribbean (Ampliar el financiamiento para la conservación de la biodiversidad: experiencias de América Latina y el Caribe). El documento destaca cinco casos de dicha región en los que se han movilizado fondos de distintas fuentes (públicas, privadas y no gubernamentales) para financiar proyectos de preservación de la naturaleza y desarrollo comunitario a gran escala.
En dicha reunión, la vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, Rachel Kyte, señaló: “En épocas en que se debe reducir el gasto público para conservar la biodiversidad, necesitamos innovación, comunicación y alianzas eficaces. Cada día encontramos más y mejores ejemplos de asociaciones que trascienden las fronteras de las esferas públicas, privadas y no gubernamentales y que consiguen aportar recursos complementarios para la conservación eficaz de la naturaleza en el terreno”.
Uno de dichos ejemplos proviene del estado brasileño de Acre, que logró separar su crecimiento económico de los recursos forestales. El estado ha reducido la tasa de deforestación en 70% sin que su PIB dejara de crecer en 44% entre 2003 y 2008. Para ello, frenó la tala ilegal por medio de la fiscalización de las licencias de explotación forestal, el control del cumplimiento de la normativa ambiental, la regularización de títulos de tenencia de tierras y la creación de programas de desarrollo en bosques vírgenes. En este caso, se focalizaron programas sociales a los más necesitados y se mejoraron sus procesos de producción agrícola y forestal.
También en Brasil, el estado de Río de Janeiro consiguió complementar el 43% de su presupuesto para conservación de la naturaleza, mediante la creación del Fundo da Mata Atlântica (Fondo para el Bosque Atlántico). Para financiarlo, proyectos industriales y de infraestructura pagan una compensación al estado por el impacto que ejercen en el medioambiente. Este mecanismo fue establecido en los cuerpos legales pertinentes y con los recursos recaudados se ha financiado proyectos en unas 20 áreas protegidas.
En la misma línea, Perú firmó contratos de gestión con organizaciones no gubernamentales para atraer así fondos adicionales para sus áreas protegidas. En este esquema, los contratistas asumen la responsabilidad de gastar un monto equivalente al que aporta el Gobierno. Sin embargo, se ha conseguido recaudar hasta cuatro veces más dicha suma, superando con creces las contribuciones gubernamentales.
El informe destaca las siguientes experiencias y lecciones:
- Diversidad de mecanismos. Los Gobiernos están consiguiendo recursos de fuentes muy diversas y adaptan variados mecanismos a sus circunstancias locales.
- Facilitar el apoyo legal e institucional. Los organismos gubernamentales necesitan contar con el respaldo de individuos, normativas y convenios aplicables con comunidades, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.
- Basar las capacidades en la experiencia adquirida. La creación de una administración pública formal es fundamental en los organismos de protección ambiental (incluyendo los parques nacionales) y conservación, y las entidades asociadas de silvicultura y planificación.
- Fortalecimiento del capital social. La preservación debe estar en manos de las comunidades que más saben sobre la naturaleza. Los mejores programas de conservación son los que trabajan codo a codo con ellas.
- Claridad sobre los objetivos de conservación. Las personas se movilizan cuando los objetivos y resultados son claros y se pueden seguir con transparencia a corto plazo.
- Sólido liderazgo gubernamental. Es crucial que en este ámbito los Gobiernos retengan el liderazgo en el futuro debido a que todavía no se ha podido cuantificar plenamente el valor de la biodiversidad para el ser humano y los servicios ecológicos aún no se transan en los mercados.
