Fue a finales de abril cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, ante "el desorden legal" existente en la normativa española. Ya en mayo, el Grupo Popular en el Congreso accedió a tramitar la norma como proyecto de ley, para poder incluir las aportaciones y "mejoras" de los grupos parlamentarios en el texto del Gobierno.
Entre otros puntos, esta ley modificará cuatro leyes vigentes: la Ley de Aguas; la de Patrimonio Natural y la Biodiversidad; de Residuos y suelos contaminados; así como la Ley del Mercado de Valores.
En materia de Aguas, el Estado recupera la competencia sancionadora (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.
En prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, y sin perjuicio de las decisiones que en este contexto deban tomarse, la presente ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca.
Además, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, en línea con directivas europeas, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas para "reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como una mayor flexibilidad para gestionar disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.
Igualmente, esta ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.
Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.
Protección ambiental
En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
En materia de residuos, cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos, puesto que en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas.
Referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), se precisa el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones".
Subastas de derechos de emisión
Finalmente, esta ley incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explica la norma.
Según los cálculos del Gobierno recogidos en la memoria aneja al decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, España podría ingresar de 1.010 a 1.515 millones de euros anuales por participar en las subastas mundiales de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Es más, especifica que tales modificaciones consisten en someter al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la competencia sancionadora en la materia.
A modo global, el Ejecutivo detalla que, desde el punto de vista de los Presupuestos, el decreto en sí implica un ingreso y a la vez una reducción de las cargas administrativas. "No suponen un incremento de gastos y sí se espera una aportación de beneficios directos, si bien no es posible cuantificar los mismos", puntualiza.
