Por su parte, fuentes de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), titular de la central, han asegurado a Europa Press que este hallazgo corresponde a una inspección de 2011, hecha pública en marzo de 2012, que detectó "una disfunción documental" con fuentes radiactivas de baja intensidad, algunas de las cuales son exentas, lo que significa que tienen una muy baja actividad radiológica. Asimismo, han añadido que una vez evidenciado el error, la planta llevó a cabo una verificación de las fuentes de baja actividad.
En todo caso, fuentes del CSN precisan que la propuesta, de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, se encuentra en estos momentos en la asesoría jurídica del Consejo y que tiene que ser sometida a estudio de la Comisión Ténica y del pleno del CSN. En caso de aprobarse, sería el Ministerio de Industria el que, en última instancia, decidiría o no, abrir el expediente.
El motivo de este expediente sería el hallazgo declarado en el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares (SICS) en el cuarto trimestre de 2011 en el área de protección radiológica y calificado como blanco.
El SICS cuenta con un sistema de valoración similar a un semáforo con cuatro niveles distintos, el más bajo es el verde, que supone que el hallazgo no tiene significación para la seguridad; el siguiente es el blanco, estadio de valoración intemedio entre una significación media y moderada; el amarillo, comportaría una significación moderada; y el rojo, alta. Fuentes del Consejo subrayan que un hallazgo de nivel blanco implica que la central continua funcionando de forma segura.
Concretamente, según se señala en el SICS, una inspección del 4 de octubre de 2011 no pudo constatar dónde se almacenaban documentalmente las 233 fuentes radiactivas encapsuladas que se contabilizan en el programa general de residuos radiactivos (PGRR).
En este sentido, advertía de que, el titular habría perdido la trazabilidad del paradero de unas 250 fuentes radiactivas y añadía que, según el inventario entregado por el titular a la inspección, serían fuentes que habrían sido almacenadas en bidones, parte de los cuales se habrían enviado a la instalación de El Cabril, sin existir documentación que lo avalase.
Otras fuentes se habrían depositado en el interior de bidones que estarían todavía almacenados en el almacén temporal de residuos radiactivos (ATRS) de la central, junto con residuos de diversa naturaleza, constatando la inspección "discrepancias entre lo indicado en el inventario o transmitido verbalmente a la inspección, y lo indicado en la documentación de los bidones".
Además, señalaba que en el caso de fuentes líquidas no se disponía de los controles de las eliminaciones realizadas con posterioridad a 2005. En cuanto al control de fuentes de alta actividad, añadía que no se disponía de las fichas de ocho fuentes que en el inventario del titular constan como de alta actividad. Por ello, consideraba que el titular había incumplido el Manual de Protección Radiológica, el Manual de Garantía de Calidad, el procedimiento sobre el control de la eliminación de fuentes líquidas y el Real Decreto sobre fuentes de alta actividad y fuentes huérfanas. Este hallazgo afectaba a las dos unidades de la central.
"Al desconocer con precisión la situación y el estado de un número considerable de fuentes radiactivas en desuso, hay que estimar cuál sería la capacidad del titular para calcular las dosis que se podrían producir en un potencial caso de liberación inadvertida de material sólido contaminado y cuál sería el impacto en el público en el caso hipotético de una pérdida de control de materiales radiactivos fuera de las zonas en las que se pueden generar o almacenar", agregaba.
En este sentido, consideraba que el titular tendría degradada la capacidad de aportar datos fiables que permitieran determinar con la precisión necesaria la actividad que podría verse implicada en un hipotético caso como el mencionado y las circunstancias asociadas, así como que probablemente la mayoría de las fuentes se encontrarían en El Cabril, por lo que el hallazgo se categorizó como blanco.
Comparecencia de Ten
La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, comparecerá hoy en el Congreso para dar cuenta del plan de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo cese de actividad está previsto para julio de 2013, así como para detallar los resultados de las pruebas de estrés realizadas sobre las plantas atómicas españolas, exigidas por Europa tras el accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011.
Además, tendrá ocasión de aportar las primeras pinceladas sobre el proyecto del Gobierno para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, en Villar de Cañas (Cuenca), a partir del próximo año. Igualmente, dará cuenta de los informes de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear de 2010 y 2011.
