A la espera de que el Gobierno español se pronuncie respecto al documento base de la Plataforma, recepcionado por el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, el pasado 24 de septiembre, algunos de sus miembros se han desplazado a Bruselas con el fin de presentar dicho documento y denunciar la reticencia de la justicia española a la hora de tomar en consideración la normativa europea.
No sólo es que el plazo de transposición de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de la Energía procedente de Fuentes Renovables, haya terminado hace casi dos años, es que el Gobierno ha justificado una transposición inexistente a través de la Ley de Economía Sostenible y el RD 13/2012. Puesto que el objetivo de la Directiva era eliminar barreras regulatorias, administrativas, técnicas y económicas a las renovables, ahí continúan dichas barreras y en especial en referencia a los RDL 14/2012 y RDL 1/2012, así como al debate actual sobre la fiscalidad energética y el retraso en regular el autoconsumo.
Asimismo, no se transpuso en su momento la Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética en Edificios, inspirada por el protocolo de Kyoto, sino que además el plazo de transposición de la Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, acaba en 2013 y no parece que haya intención de regularlo, aún a pesar de la sentencia existente del tribunal de Luxemburgo contra España. Igualmente, nuestro país ha votado en contra de la nueva Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética, argumentando que vamos seis años por delante de los objetivos europeos.
A pesar de que la Comisión ha denunciado en varias ocasiones la inexistente competencia real en el mercado eléctrico y petrolero español, se ha hecho caso omiso a tales advertencias, y, de hecho, se siguen otorgando beneficios extraordinarios a centrales amortizadas (nucleares e hidráulicas). La dependencia energética (5% del PIB y 85% del déficit comercial) y el diferencial en intensidad energética (1 al 3% PIB) ha crecido con respecto a la media europea. En los últimos cuatro años las emisiones de CO2 aumentaron un 28%, sin embargo no se presta atención a este hecho y tampoco hay voluntad de cumplir con la Directiva de Emisiones Industriales, por considerar que pone en riesgo la seguridad de suministro por obligar al cierre de las centrales más contaminantes de carbón y gas. Además, no se cumplen los estándares de seguridad nuclear post-Fukusima, como ha denunciado la Comisión, y de hecho, el Gobierno se plantea ampliar la vida útil de Garoña.
