Se trata de una reforma legislativa que el Consejo de Ministros presentó el pasado 5 de octubre y que actualmente está en fase parlamentaria, a la espera de que los grupos del Congreso presenten sus aportaciones. Entre otros puntos, amplía los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, siempre que sean respetuosas con los dominios público marítimo-terrestre.
Así, el portavoz socialista de Medio Ambiente, José Luis Ábalos, ha alertado del "deterioro irreversible" para el Medio Ambiente que supondría esta reforma, y por el que el PSOE ha decidido presentar una enmienda a la totalidad del texto del Gobierno.
"Supone una decisión firme para desproteger y sobreexplotar el litoral, exactamente lo contrario a los conceptos de protección y uso sostenible que indica de forma engañosa su título y exposición de motivos", según argumenta el Grupo Parlamentario Socialista en su enmienda.
Igualmente, señala que este texto del Gobierno lo que pretende en realidad es potenciar la especulación en la costa, hoy protegida, para el enriquecimiento de unos pocos a costa del patrimonio de todos. "La costa pasa de ser un bien común a un elemento al servicio de la especulación", sentencia.
Es más, indica que la suma de medidas de desprotección resulta en su conjunto un "atentado letal" para el equilibrio territorial de España, el "mayor desde que el anterior Gobierno del PP aprobara reforma de la Ley del suelo de 1998".
No ha habido periodo de consultas
Ábalos cree igualmente que este texto "deja las manos libres para todo tipo de excesos en la normativa de desarrollo", a la vez que lamenta que el Gobierno no haya consultado con nadie, ni con las organizaciones ni con las administraciones involucradas. "Falta transparencia, información pública y participación", resume la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Precisamente, desde ICV, y en nombre de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), su portavoz en la materia, Laia Ortiz, coincide en su enmienda a la totalidad del texto con el PSOE, en que debe ser devuelto al Ejecutivo para buscar el consenso con el resto de grupos parlamentarios, organizaciones ecologistas y grupos sociales.
A su juicio, la reforma presentada por el Gobierno abandona el concepto global de protección del litoral, favoreciendo la especulación y privatización del dominio público hidráulico, primando los intereses económicos sobre los ambientales y sociales. Además, dice que no mejora la seguridad jurídica de los afectados por los deslindes ya aprobados.
De la misma forma, critica que el presente proyecto de ley no es más que la continuación de las políticas del Gobierno de abandono de la protección del medio ambiente. "A pesar de que nuestro litoral es el más degradado de Europa, el Gobierno se olvida de la costa, la deja a su suerte, o más bien la deja en manos privadas. Primero reduciendo las partidas presupuestarias destinadas al litoral, y ahora con una reforma de la ley de costas de 1988 que atenta gravemente contra nuestra costa", advierte Ortiz.
Laia Ortiz opina que esta reforma debería plantear cómo mejorar los instrumentos de protección de la costa en vez que proteger el interés particular a costa del dominio público. "La reforma supone la más extensa desafectación y privatización del dominio público sobre espacios relevantes por su biodiversidad, para la economía y la seguridad de nuestro Estado", insiste la diputada catalana.
Sumado a todo esto, defiende que la propuesta no tiene en cuenta los efectos del cambio climático, con la consiguiente subida del nivel del mar y la alteración de los fenómenos atmosféricos, lo que comporta un peligro para la seguridad de aquellos que viven en la costa.
De igual forma, critica que la reforma excluye de las zonas de dominio público marítimo terrestre algunas formaciones dunares y las zonas inundables creadas artificialmente. "Esta medida supone fragmentar el concepto global de litoral sin ninguna motivación ambiental, lo que supone una desprotección ambiental en toda regla", sentencia Ortiz.
Una traición
Mientras, desde ERC, Joan Tardà cree que esta reforma representa "una traición" al título del mismo, ya que lejos de proteger y dar un uso sostenible al litoral, favorece su inseguridad y se ampara la destrucción de los ecosistemas y el mantenimiento de la especulación urbanística, "que tanto ha afectado a la costa".
Por tanto, incide en que el presente proyecto de Ley está motivado en dar seguridad jurídica a la especulación costera, "especialmente con la tremenda reducción de la servidumbre de protección", la ampliación de la moratoria por 75 años y, además, permitiendo el derecho a compra-venta.
"La determinación de los bienes de dominio público del litoral no es clara y objetiva, permitiendo la subjetividad, las interpretaciones interesadas y, por tanto, la inseguridad jurídica. Asimismo, las excepciones de la Ley tampoco son objetivas ni motivadas por la protección del medio, de manera que parecen responder más bien a intereses particulares", comentan los republicanos.
Asimismo, critican que, medioambientalmente, el presente proyecto de Ley supone "la sentencia de muerte" para determinados ecosistemas y paisajes costeros, con una especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados, a la vez que se legitima y ampara la destrucción de valiosos espacios naturales.
