La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Sigüenza (Guadalajara), María del Mar Lorenzo, ha imputado a la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, dentro del proceso que se sigue por el incendio de los pinares del Ducado de julio de 2005, en el que murieron 11 personas de un retén anti-incendios, y por el que ya se encuentran imputados varios técnicos de la Junta.
Según el texto de la providencia, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza hace saber a Rosario Arévalo que de las numerosas diligencias de investigación practicadas en el presente procedimiento, se desprende que existen "indicios racionales" para su imputación como titular de la Consejería de Medio Ambiente en la fecha de producción de los hechos, "toda vez que nos encontramos ante unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave".
Así, considera que existen indicios "racionales" para la imputación de Arévalo, que era titular regional de Medio Ambiente en esa fecha y que dimitió tras estos hechos, citándola para que declare el próximo día 30 de junio a las 10.00 horas.
En el mismo escrito se pone de manifiesto que de las actuaciones realizadas resultan carencias importantes en cuanto al control del uso de las barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas específicas y adecuadas, la defectuosa ejecución y control del plan de Emergencias de Incendios Forestales en Castilla-La Mancha, defectos en la formación y en la actividad de la extinción del incendio, todo ello en relación a las funciones que tenía encomendadas derivadas de las competencias propias de su cargo y que le fueron atribuidas por la "Legislación Vigente".
La jueza toma así una decisión tras el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en el que estipuló que la consejera ya no disponía de condición de aforada tras haber dimitido de su cargo.
Lorenzo se había dirigido al TSJC-M pidiendo una resolución sobre el posible aforamiento de la ex consejera y el citado organismo confirmó a principios del mes de mayo, a través de un auto, que no era competente para el conocimiento de la instrucción al no tener Rosario Arévalo condición de aforada, y devolvió la causa al Juzgado de Instrucción de Sigüenza para que continuase con el procedimiento.
Cuando la magistrada imputó al delegado provincial de Medio Ambiente, al ex director del Alto Tajo y al alcalde de Riba, así como a varios representantes de empresas subcontratadas, no lo hizo con Arévalo por sus dudas sobre si la condición de aforada seguía siendo vigente para la ex consejera.
Imputados
Con la imputación de Arévalo se elevan a 26 las personas que ya lo están en esta instrucción. Entre ellas los siete excursionistas que hicieron el fuego, seis técnicos medioambientales de la Delegación de Guadalajara, el alcalde, el ex alcalde y el secretario de Riba de Saelices; el delegado provincial de Medio Ambiente, el ex director del Parque Natural del Alto Tajo, varios miembros de los servicios de emergencias del 112, y algunos representantes de empresas, cuyo material falló durante la extinción.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Guadalajara rechazó la semana pasada el sobreseimiento que había pedido el ex alcalde de la Riba de Saelices, Hipólito Sebastian Ballesteros, y al que se habían adherido la representación de la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de La Riba, así como varios imputados por el incendio.
En sus conclusiones, la Audiencia Provincial de Guadalajara, además de desestimar los recursos y respaldar el rechazo al sobresimiento que había dictaminado el Juzgado de Sigüenza, confirmaba, por tanto, la decisiones sobre imputaciones tomadas por la jueza de Sigüenza, y determinaba "la imposición a las partes recurrentes de las costas causadas por sus respectivas impugnaciones".
