El hecho, constatado a partir de las comprobaciones y análisis de los laboratorios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en los primeros meses de 2010, ocasionó unos daños que han sido finalmente evaluados en 1,41 millones de euros, lo que supone una infracción tipificada como muy grave de acuerdo con la Ley de Aguas. Además de la sanción económica, impuesta de forma solidaria, el Gobierno andaluz también ha obligado a las tres empresas a indemnizar estos daños por la cantidad señalada, así como a adoptar todas las medidas necesarias para evitar nuevos vertidos y proteger la calidad de las aguas y bienes hidráulicos.
Las entidades sancionadas son propietarias de los terrenos sobre los que se asienta el embalse de residuos mineros de las antiguas explotaciones de Riotinto. El vertido se produjo por una acumulación de agua debido a las fuertes lluvias, que fue aliviada al río Agrio (afluente del Odiel) para evitar daños en la estructura de la presa sin tener en cuenta su contaminación por el contacto con residuos.
Tras constatar estos hechos, la Junta abrió un expediente sancionador que tuvo que paralizarse a finales de 2010, cuando el Juzgado de Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino inició una causa penal. Una vez archivada ésta en julio de 2012, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acordó levantar la suspensión del procedimiento administrativo sancionador y reiniciar su instrucción.
