La investigación se abrió a raíz de una denuncia de un inspector de la Consejería, que detectó la supuesta extracción ilegal en la explotación de áridos, lo que dio lugar a una inspección de la zona el 28 de octubre de 2004. Por su parte, en agosto de 2005 los agentes forestales del Parque Regional del Sureste inspeccionaron dicha explotación para comprobar el cumplimiento de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Ante las irregularidades detectadas procedieron a realizar una denuncia por diversas infracciones, tales como extracción por debajo del nivel freático, incumplimiento de la distancia de retranqueo de 100 metros al río Jarama, presencia en la plaza de cantera de maquinaria expresamente prohibida en la DIA, incumplimientos en las plantaciones vegetales preceptivas, superación más de 5 hectáreas de superficie explotada sin restaurar, aporte irregular de materiales externos para la restauración, taludes finales incumpliendo normativa o extracción no autorizada, ha detallado la Asociación Profesional de Agentes Forestales (APAF) de Madrid en una nota en su web.
En marzo de 2006 los guardabosques volvieron a denunciar al mismo promotor por extraer áridos en zonas B1/D3 del Parque Regional del Sureste, nuevamente fuera de los perímetros de las dos explotaciones autorizadas y en lugar muy próximo. A raíz de esta denuncias, los técnicos de la Comunidad realizaron otra inspección en abril de 2006.
El Área de Disciplina Ambiental de la Consejería entendió que se los hechos podía infringir la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental. Así, remitió estas pruebas al juzgado y en enero de 2012 tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid.
En la sentencia el juez concluyó que, a pesar de los daños e impactos causados por la actividad, no se pudo demostrar la existencia de un grave riesgo para los sistemas naturales, por lo que se absolvió al promotor como responsable civil del citado delito sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.
Finalmente, tras retomar el Área de Disciplina Ambiental los expedientes sancionadores administrativos, ha impuesto recientemente dos sanciones de 240.000 euros cada una y tres indemnizaciones de 3,1 millones de euros, 827.000 y 2.300 euros.
