Según la normativa comunitaria, los Estados miembros estaban obligados a cerrar como muy tarde en julio de 2009 aquellos vertederos autorizados antes de la adopción de la directiva sobre vertido de residuos, a menos que se ajustaran a dicha directiva.
El Ejecutivo comunitario constató que una serie de vertederos españoles siguen funcionando tras la fecha límite de 2009, vulnerando la legislación de la UE. Por ello, envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas.
Tras evaluar la respuesta del Gobierno, la Comisión "ha llegado a la conclusión de que, a pesar de ciertos progresos, algunos de los vertederos aún no han sido cerrados ni puestos en conformidad con la directiva", según ha informado en un comunicado.
Por ello, Bruselas envía ahora un dictamen motivado a España (segunda etapa del procedimiento de infracción) y le da dos meses para responder.
