La nueva legislación comunitaria se aplicará tanto a los productos madereros importados como a los producidos en la UE, y cubrirá una amplia gama de productos. Éstos van van desde el papel a la pulpa, pasando por la madera sólida y de solería.
Con el objetivo de minimizar el riesgo de comercializar madera ilegal en la UE, el operador o empresa responsable de introducir en primer lugar un producto maderero en el mercado europeo tendrá que aplicar el principio de "diligencia debida", de manera que garantice que la madera que comercian es legal.
Para ello, las nuevas normas obligarán a los operadores a promover un ejercicio de "gestión de riesgo" , de manera que evalúen las posibilidades de que estén introduciendo madera o productos madereros ilegales en base a información a la que deberán tener acceso como datos que describan la madera y productos, el país de origen, información sobre el cumplimiento de la normativa nacional, así como información sobre cantidades y detalles del proveedor.
Cuando la evaluación muestre que "puede haber un riesgo de madera ilegal en la cadena de suministro" éste deberá mitigarse "requiriendo información adicional" o a través de la "verificación del proveedor" para garantizar que no se introduce madera ilegal en la UE.
Trazabilidad de la madera
Los operadores que adquieran o vendan madera ya disponible en el mercado deberán por su parte mantener registros para garantizar la fácil trazabilidad de la madera o productos madereros que comercializan.
La UE ha firmado acuerdos de cooperación con Camerún, República Centroafricana, Congo, Liberia, Ghana e Indonesia, seis de los principales productores a nivel mundial, para combatir el problema de la madera ilegal. Así, la madera o productos madereros con la licencia válida FLEGT o el permiso CITES están reconocidos como que cumplen los requisitos de la normativa comunitaria.
Las nuevas normas buscan por un lado reducir el riesgo de comercializar madera ilegal en los Estados miembros y contribuir a atajar el problema a nivel mundial, dado que la tala ilegal de madera tiene con frecuencia un impacto "severo" en términos económicos, medioambientales y sociales para los países productores, entre otros porque contribuye a la deforestación y el aumento de emisiones de CO2 y tiene un impacto en los medios de vida de las poblaciones locales, al margen de su contribución a potenciales conflictos por el control de recursos y espacios.
