Con el objetivo de identificar los criterios que se aplican en la valoración de las afecciones a la Red Natura 2000, SEO/BirdLife ha desarrollado un taller, en el que han participado más de 50 representantes de la administración, consultores ambientales, organizaciones ecologistas y promotores.
La principal conclusión a la que se ha llegado es que existen discrepancias en cuanto a los criterios que se están aplicando, no sólo entre el sector público y privado, sino también muchas veces dentro de la misma administración. Llegar a un consenso en cuanto a cómo se debe realizar la evaluación, sobre qué valores ambientales se debe evaluar la afección y cómo se deben valorar los impactos, permitirá al sector contar con unas normas claras. Así, se mejorará la calidad de los estudios de impacto ambiental, se reduciría la tramitación de los proyectos y aumentaría la eficiencia en la conservación de los espacios que conforman la Red Natura 2000.
La utilidad de la EIA ha sido reconocida por la UE al incorporar la obligación de realizar una evaluación de impacto de todos aquellos proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. Sin embargo, esta herramienta muchas veces no es lo suficientemente eficiente para prevenir dichos impactos.
Para avanzar en la solución de este problema, el proyecto Life+Activa Red Natura 2000, impulsado por SEO/BirdLife y la Agencia EFE, se ha propuesto mejorar el conocimiento de los actores sociales que participan en la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. Para ello, SEO/BirdLife trabaja en el desarrollo de unas directrices que sirvan de guía para los promotores, consultores o evaluadores involucrados en esta evaluación.
El proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000 llama a la acción a la sociedad para que conozca y se implique en la conservación de la Red Natura 2000, un conjunto de espacios protegidos en los que conviven la naturaleza y la actividad humana, de altísimo valor ecológico, social y económico.
SEO/BirdLife y la Agencia EFE desarrollan este gran proyecto apoyado por la Comisión Europea. Los cofinanciadores son el MAGRAMA, la Fundación Biodiversidad, Red Eléctrica de España y las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Cantabria.
