Los grupos han presentado cinco vetos a la totalidad del texto y 9 votos particulares. Ahora el texto será devuelto al Congreso de los Diputados, al incorporar nuevas enmiendas.
El proyecto de Ley ha incorporado la enmienda 131 de CiU, pactada con el PP, por la que se desarrollará reglamentariamente un régimen de ocupación y uso de las playas según su naturaleza. Concretamente, con la introducción de un nuevo apartado al artículo 33 del texto, se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones y se autorizarán "únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable".
Además, se regulará la ocupación y el uso de los tramos urbanos de las playas, de forma que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.
Asimismo, podrá autorizarse en los tramos urbanos la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los requisitos que se establezcan. También señala que en estos eventos se adoptarán "todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y garantizar el mantenimiento del tramo de playa "en el estado anterior a la ocupación".
Durante el debate del Proyecto de Ley en el pleno del Senado, senadores del Grupo Mixto, Entesa de Progrés de Cataluña y PSOE han defendido en sus vetos que esta es una ley que desprotege y privatiza el litoral español, que busca los intereses particulares de los empresarios, que no ha contado con la participación y consulta de las organizaciones ambientales y que supone una "sentencia de muerte" para determinados ecosistemas y paisajes costeros, al tiempo que amnistía las construcciones ilegales.
Concretamente, el senador de ICV Joan Saura ha denunciado que el proyecto abandona el concepto de protección del litoral y favorece la especulación y la privatización del dominio público hidráulico, primando los intereses económicos sobre los ambientales y sociales.
Consecuencias impredecibles
A su juicio, el texto del Proyecto de Ley no incluye "un solo artículo de más y mejor protección del litoral" pero sí multitud de reducción y limitación del espacio público; no crea seguridad jurídica y vulnera las competencias autonómicas.
Por su parte, el senador de Entesa de Progress de Cataluña Joan Sabaté (PSC), considera que el proyecto de ley va a tener unas consecuencias impredecibles y un impacto importante, porque significará un daño irreparable sobre el patrimonio natural.
Mientras, la senadora del grupo Mixto Ester Capella (ERC), ha defendido el veto de Esquerra Republicana de Cataluña porque el contenido del proyecto es "una traición al título del mismo" puesto que favorece la inseguridad jurídica, ampara la destrucción de ecosistemas y mantiene la especulación urbanística.
Por otro lado, el senador del Grupo Mixto por Coalición Canaria Narvay Quintero ha reclamado un trato diferenciado de la Ley en los archipiélagos canario y balear para respetar los usos y costumbres históricos de sus poblaciones.
Por su parte, el senador del grupo Mixto por Asturias Jesús Iglesias ha reclamado que cuando se hagan los nuevos deslindes se incluya la valoración de los posibles efectos del cambio climático, igual que el senador de Entesa de Progres de Cataluña Joan Saura, que también ha pedido que no se extiendan las concesiones por 75 años, 15 más que el máximo permitido en la actualidad.
Posibles problemas futuros
En cuanto al senador del PNV José María Cazalis se ha mostrado "sorprendido" porque el texto "no va en la línea de lo que había defendido el PP antes de llegar al Gobierno". En todo caso, ha advertido de que va a tener muchos problemas.
En la defensa de la norma, el senador del PP Enrique López ha destacado que a CiU le han aceptado "bastantes cosas" mientras que ha criticado la enmienda 69 del PSOE que plantea "suprimir los poderes del delegado del Gobierno" para suspender acuerdos de las corporaciones locales con los que el grupo de Gobierno considera que se pueden frenar situaciones como el Algarrobico.
López ha explicado que el objetivo de estos poderes es tener un mecanismo ágil para evitar estas situaciones, así como ahorrar costes de derribos, lo que no se pudo evitar con la ley de 1988.
El senador del PSOE, Miguel Fidalgo, ha denunciado que esta norma esconde una gran operación urbanística en el litoral y que no contenta a nadie, por lo que cree que la "Ley de Cañete será como la de la dictadura" y servirá de operación para quitarle un bien público a los españoles que la democracia les dio a los ciudadanos.
Por otro lado, el senador del grupo mixto por AMAIUR, Alberto Unamunzaga, se ha opuesto porque el objetivo es "dar un barniz legal a la destrucción de ecosistemas, y fomentar la especulación urbanística" y porque genera un "gran perjuicio ambiental a la costa vasca".
Al mismo tiempo, ha calificado de "imprudente" al Ejecutivo porque el proyecto va en contra del principio de protección promulgado por a la UE y deja estancada la defensa contra los efectos generados por el cambio climático.
Mientras, el senador socialista Juan Espadas ha rechazado "frontalmente" el proyecto porque es una "pura privatización del suelo litoral" que retrotrae a los años 70 de la especulación urbanística que impone el PP.
Finalmente, el senador Pere Maluquer de CiU ha dicho que la abstención de su grupo se debe a que el texto "soluciona algunos aspectos pero no todos" y considera que, en general, adolece de visión de conjunto para ordenar el litoral.
