Hernández hizo este anuncio durante su intervención en el IV Congreso Gallego de Medio Ambiente y Salud, donde indicó que el nuevo decreto autonómico para la aplicación de la ecoetiqueta permitirá adaptarse a la legislación europea y estatal y establecer el procedimiento a seguir por aquellas empresas que deseen acogerse a este sistema de certificación ambiental.
Manifestó que el decreto contribuye a otorgar un mayor protagonismo a la ecoetiqueta en los procesos de contratación pública, ya que aquellas empresas que presenten este certificado tendrán un valor añadido y se estimulará, mediante un efecto arrastre, el reverdecimiento del mercado.
En este sentido, facilita la elección a los consumidores y usuarios que desean reducir los efectos ambientales adversos y contribuir así a una utilización eficaz de los recursos. A modo de ejemplo, citó productos, como los textiles, o servicios, como los turísticos, que efectivamente pueden tener mayor o menor impacto sobre el medio ambiente.
El conselleiro también destacó que, para facilitar el cumplimiento de la normativa, es importante también simplificarla en la medida del posible. Desde la Xunta se apuesta por caminar en la línea del que hace el anteproyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente dada a conocer recién y que agilizará los trámites para los promotores de los proyectos que precisen de este requerimiento ambiental.
Reconoció que la labor de control e inspección ambiental es responsabilidad de las administraciones y desde la autonómica se cuenta con el Laboratorio de Medio Ambiente que garantiza los parámetros de calidad del agua, del aire o el ruido, aspectos todos que afectan directamente a la salud.
Un derecho a proteger
El conselleiro incidió en que el medio ambiente es un factor básico para la salud y el bienestar general de la ciudadanía. Añadió que no se trata de un lujo, sino de un derecho a proteger; por lo tanto “entre todos debemos hacer todo lo posible para que la actividad humana no dañe el medio ambiente”, declaró.
Señaló que la buena salud del medio repercute directamente en el bienestar, por eso las administraciones públicas deben asumir la planificación de los residuos, de la gestión del agua o del territorio con rigor y realismo, pero sobre todo con la sostenibilidad ambiental como condición imprescindible.
Por último, añadió que son muchas las acciones que se pueden llevar a cabo para promover la sostenibilidad ambiental, ya sea a nivel individual o colectivo, y apostó por la economía y el empleo verde como la mejor manera para mejorar la competitividad y la internacionalización de la Comunidad. Para darle un ánimo a este objetivo, se está ultimando una convocatoria de las subvenciones para mejoras ambientales destinadas a pymes (pequeñas y medianas empresas) y entidades sin ánimo de lucro, que supondrá 3,6 millones de euros en ayudas.
