El MAGRAMA matiza que esta normativa en ningún caso supondrá que se vaya a permitir construir donde antes no se podía. De hecho, en esta zona se autorizarán las obras para mejoras y modernización siempre que no impliquen un incremento ni en altura ni en volumen de la edificación.
Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, declaró que dependían de esta reforma cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la costa.
Según los datos del Gobierno, de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre, casi un 90% se encuentra en una situación irregular. Así, explica que esta normativa aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados por la anterior normativa de 1988.
Exclusión de 12 municipios
Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988 y se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
La norma recoge también un mecanismo, bautizado por el Gobierno como “cláusula anti-Algarrobico”, que permite al Estado tutelar a las administraciones locales que vulneren la futura Ley de Costas, haciendo posible suspender de forma automática las licencias urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.
PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional
El PSOE interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Costas al entender que hay motivos más que suficientes debido a una "tramitación vergonzante y opaca".
El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha asegurado que esta ley supone una privatización en toda regla del Dominio Público Marítimo Terrestre protegido en la Constitución española, además de "un monumento a la inseguridad jurídica y un descomunal despropósito medioambiental".
Entre los motivos para interponer el recurso, Morán denuncia que la norma altera la titularidad de la zona marítimo-terrestre que la Constitución reserva al dominio público y, "en lugar de preservar las características del mismo, las modifica en función de intereses privados".
En este sentido, ha aludido a la ampliación general de concesiones a 75 años, que se suman a los 30 que en su día les había reconocido transitoriamente la Ley del 88, y a "la lista de los doce agraciados a los que el Gobierno decide excluir del dominio público marítimo terrestre de forma totalmente arbitraria".
