De esta forma ya solo restará que el día 5 de julio el Ministerio le comunique a la central la orden de cese de explotación.
La interrupción de este proceso parece improbable puesto que añadiría aún más desconcierto a los últimos días de historia de esta central. Por el camino, y debido probablemente a la falta de acuerdo entre Iberdrola, Endesa y el Gobierno, se ha dañado la imagen de dos organismos: la autoridad del Ministerio de Industria y la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear se ven debilitadas.
El CSN se vio obligado el pasado 27 de mayo a dar una prórroga de un año a toda prisa para que Nuclenor tenga tiempo a pensarse el destino de la central. De forma muy extraña, el Ministerio no tomó ninguna medida tras la concesión de esta prórroga por parte del CSN lo que hace que el proceso de cierre de Garoña continúe según su trámite normal.
El daño ya está hecho puesto que la opinión pública internacional ha podido seguir una cronología de despropósitos: el Ministerio expidió una nueva Orden Ministerial el 29 de junio, que abría las puertas a que Nuclenor pidiera una prórroga de explotación, cosa que dicha empresa no hizo para presionar contra la Ley de Medidas Fiscales del Gobierno.
Cuando ya se daba la central por cerrada, Nuclenor sorprendió pidiendo al gobierno el viernes 20 de mayo una prórroga para mantenerse en su estado actual durante un año. Cuando el CSN dio luz verde a esta prórroga, de forma extrañísima el Minetur no la concede.
Estos vaivenes han dejado una muy mala impresión del Ministerio y del CSN y levantan todo tipo de sospechas sobre las expectativas que Nuclenor tenía puestas en la nueva ley del sector eléctrico que se está elaborando.
En estos momentos, el cierre definitivo de Garoña está mucho más próximo. Si el curso de acontecimientos que conducen al cierre definitivo se paralizara ahora, el escándalo sería aún mayor que todos los citados anteriormente.