Además, tendrá que costear medidas para reparar los daños causados a la fauna. La defensa, la Fiscalía y WWF, que ejercía de acusación particular en el juicio, han llegado a este acuerdo.
Los hechos juzgados hoy sucedieron en marzo de 2010, en una finca ganadera de Siruela (Badajoz). Técnicos de WWF acudieron allí alarmados porque el emisor vía satélite del alimoche “Atlas”, marcado por la organización para el estudio de la migración de la especie, daba señal de inmovilidad. En la finca hallaron el cuerpo de “Atlas”, además de otros dos alimoches, 2 buitres negros, 4 buitres leonados y otras aves rapaces, todas ellas especies protegidas, víctimas del veneno. En el vehículo del ganadero se encontró el tóxico utilizado para matar a las rapaces.
Además de indemnizar a la administración con 30.000 euros por las aves envenenadas, el ganadero tendrá que costear una serie de acciones que, con la aprobación de la jueza, diseñarán conjuntamente WWF y la Junta de Extremadura. El objetivo de las medidas será favorecer a las especies afectadas, principalmente las aves carroñeras, para compensar por los daños causados.
La sentencia es un buen ejemplo de que, poco a poco, se acaba la impunidad de los envenenadores. El uso de cebos envenenados pone en peligro la conservación de muchas especies amenazadas y es un delito que supone sanciones muy importantes.
